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El plan de retiros voluntarios del gobierno nacional ya cosechó 650 salidas en el INTA, aunque la meta oficial sigue siendo reducir la nómina del organismo en al menos un millar de puestos. Técnicos, investigadores y especialistas aceptaron la propuesta oficial en medio de un creciente malestar por los salarios atrasados y la nula perspectiva de recomposición. La cifra ubica a esta instancia como la más masiva desde que la administración libertaria asumió el control del instituto.
La vocación de achicar el Estado encontró en el INTA uno de sus blancos predilectos. Antes de este operativo, el gobierno ya había intentado jubilaciones forzadas, un plan de retiros más acotado que sumó 300 voluntarios y hasta despidos directos que terminaron revertidos por la Justicia. Ninguna de esas estrategias alcanzó los números que hoy registra la resolución 144/2026.
El horizonte oficial es desprenderse de unos mil profesionales, lo que implicaría una merma cercana al 17% de la planta actual, compuesta por 5.800 trabajadores. Para llegar a ese objetivo, el gobierno necesita convencer a otros 350 empleados más. La propuesta económica incluye un pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de antigüedad, con un tope de hasta 24 haberes para quienes están próximos a jubilarse.
El presupuesto destinado a financiar las salidas asciende a 101 mil millones de pesos. Las autoridades del Instituto difundieron un simulador de cálculo para que cada trabajador pueda estimar su indemnización. Pueden acogerse al retiro los empleados de planta permanente con más de tres años de antigüedad y hasta 60 años de edad.
Quienes están dejando el INTA atraviesan un escenario de pérdida de poder adquisitivo y escasez de recursos para investigar. Esos factores, según coinciden diversas voces del organismo, incidieron en la decisión de cientos de profesionales. El gobierno, por su parte, sostiene que el plan busca optimizar la estructura del Estado.
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Con 650 retiros concretados y una meta de mil reducciones, el gobierno nacional avanza en el achique más profundo del INTA en décadas. El desgaste salarial y la falta de reconocimiento empujaron a más de medio millar de científicos a abandonar el organismo, mientras la administración libertaria destina 101 mil millones de pesos para completar el recorte. El verdadero costo de esta pérdida de capital humano recién se medirá cuando las estaciones experimentales comiencen a funcionar con equipos diezmados.
