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El Senado de la Nación llevará adelante este jueves una sesión que promete convertirse en una de las más relevantes del período legislativo. En el centro del debate se encuentran dos iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional: la reforma vinculada a la propiedad privada, que modifica aspectos centrales sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los desalojos de inmuebles usurpados y las expropiaciones, y el proyecto que autoriza el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre para cerrar litigios internacionales que podrían afectar activos estratégicos de la Argentina, entre ellos acciones de YPF.
La sesión fue acordada entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, y comenzará a las 11 de la mañana. Además de estas iniciativas, los senadores tratarán la aprobación de 50 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que ya cuentan con dictamen favorable.
Reforma de propiedad privada: cambios en tierras rurales, desalojos y expropiaciones
El proyecto de propiedad privada, diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones significativas durante su tratamiento parlamentario. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del capítulo referido a la ley de barrios populares y la reformulación de los apartados vinculados a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Fin de los límites a la compra de tierras por extranjeros
Uno de los aspectos más controvertidos de la iniciativa es la eliminación de las restricciones vigentes para que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras rurales en territorio argentino.
La propuesta establece que las provincias deberán autorizar las operaciones de compra cuando no intervenga un Estado extranjero. Al mismo tiempo, se ratifica que cada provincia conservará plena jurisdicción sobre los territorios comprendidos dentro de sus límites, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
No obstante, el texto mantiene prohibiciones específicas para evitar que gobiernos extranjeros adquieran tierras en el país. Tampoco podrán hacerlo empresas u organizaciones en las que un Estado extranjero tenga participación accionaria o capacidad de decisión societaria, ni fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos provenientes de gobiernos extranjeros.
Desalojos exprés para inmuebles usurpados
Otro de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de mecanismos de desalojo exprés para los casos de usurpación de propiedades.
Según el dictamen que llegará al recinto, este procedimiento abreviado solo se aplicará cuando se trate de inmuebles ocupados ilegalmente. Para el resto de las situaciones vinculadas a contratos de alquiler continuarán vigentes los mecanismos actuales.
La normativa prevé un plazo de diez días para intimar el pago de las obligaciones contractuales pendientes. La notificación podrá realizarse tanto en el domicilio físico como en el electrónico declarado por el inquilino en el contrato.
Incluso si el locatario rechaza la comunicación o impide su recepción, la notificación será considerada válida. Ante el incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación vigente, con plazos estimados en diez días hábiles.
Expropiaciones con criterios más restrictivos
La iniciativa también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y exige que el Estado fundamente claramente las razones que justifican la medida.
Además, se incorporó una modificación respecto a las indemnizaciones. Mientras que el proyecto original no fijaba límites para el reconocimiento del lucro cesante, el dictamen acordado establece un tope máximo del 30%.
En cuanto a los intereses que deberán abonarse en las compensaciones, se aplicará una fórmula basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a treinta días.
Cambios en la legislación sobre manejo del fuego
Otro de los capítulos modificados es el referido al manejo del fuego.
La propuesta elimina la disposición que impedía durante 30 años modificar el uso de tierras rurales afectadas por incendios en zonas agropecuarias, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.
Sin embargo, en el caso de los bosques nativos continuará vigente la prohibición de cambiar el destino de las superficies incendiadas. La diferencia es que se elimina el plazo de 60 años que había sido incorporado en la legislación promovida durante la gestión anterior.
El Senado también debatirá el pago a fondos buitre
El otro gran eje de la sesión será el tratamiento del proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca autorizar el pago de 171 millones de dólares para cerrar acuerdos con dos grupos de acreedores internacionales y evitar que continúen litigios contra la Argentina.
El Gobierno sostiene que la aprobación de esta ley resulta fundamental para impedir nuevas acciones judiciales sobre activos argentinos en el exterior y para reducir riesgos sobre participaciones estatales estratégicas, entre ellas las vinculadas a YPF.
Acuerdos con Bainbridge y Attestor
La iniciativa contempla dos acuerdos específicos.
Por un lado, se prevé un pago único de 67 millones de dólares al fondo Bainbridge Ltd. Por otro, se establece una compensación de 104 millones de dólares al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El mecanismo acordado será de “entrega contra pago”. Los acreedores deberán transferir a la Argentina los bonos involucrados en los litigios, libres de cualquier gravamen o restricción, mediante acreditación en cuenta.
Una vez concretada esa transferencia, el Estado procederá a cancelar los títulos y quedará habilitado para presentar la documentación necesaria ante organismos judiciales y administrativos con el objetivo de cerrar definitivamente las causas abiertas.
Contrarreloj: el Gobierno necesita la aprobación antes del 30 de junio
La administración nacional cuenta con plazo hasta el 30 de junio para cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos de conciliación.
Por ese motivo, el oficialismo busca obtener la sanción parlamentaria durante esta sesión. El proyecto también contempla la suspensión de litigios vinculados a bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y establece el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas demandas relacionadas con esos instrumentos financieros.
Una sesión con fuerte impacto económico y político
La jornada legislativa aparece como una prueba importante para el Gobierno nacional. Tanto la reforma sobre propiedad privada como la autorización para cerrar litigios con fondos buitre tienen implicancias directas sobre la seguridad jurídica, las inversiones, el mercado inmobiliario rural y la estrategia financiera internacional de la Argentina.
El resultado de la votación será seguido de cerca por gobernadores, sectores productivos, inversores y organismos internacionales, ya que las decisiones que adopte el Senado podrían marcar un nuevo rumbo en áreas sensibles vinculadas a la propiedad de la tierra, la defensa de activos estratégicos y la relación del país con los acreedores externos.
El nuevo mapa religioso argentino: menos católicos, más evangélicos y un fuerte crecimiento de los “sin religión”https://t.co/7h59YrHV8j pic.twitter.com/pgNzfqZ1yE
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