//
El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una herramienta destinada a incentivar la formalización de relaciones laborales en el sector privado mediante beneficios fiscales y previsionales para los empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores.
La medida fue oficializada a través del Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de la implementación de la Ley de Modernización Laboral 27.802.
La normativa establece que los beneficios alcanzarán a las obligaciones por aportes, contribuciones y cuotas de la seguridad social vencidas hasta el último día del mes en que se presente la solicitud de regularización. Además, contempla la extinción de acciones penales en determinados casos, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la condonación parcial de deudas previsionales.
Uno de los puntos centrales del decreto es el esquema de condonación de deuda, que varía según el tamaño del empleador. Las micro y pequeñas empresas, así como las entidades sin fines de lucro, accederán a una quita del 90% de la deuda. En tanto, las medianas empresas tramo 1 y 2 recibirán un beneficio del 80%, mientras que el resto de los empleadores contará con una reducción del 70%.
En el caso de Misiones, la medida podría resultar de interés para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y entidades sin fines de lucro que busquen regularizar situaciones laborales pendientes y acceder a los beneficios previstos por la normativa nacional. La provincia cuenta con una fuerte presencia de emprendimientos y firmas de menor escala, que ahora tendrán la posibilidad de adherirse al régimen en las condiciones establecidas por el Gobierno nacional.
Asimismo, el Gobierno dispuso una condonación total del 100% para las obligaciones vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
La reglamentación también prevé alternativas para cancelar la deuda remanente. Los empleadores podrán optar por un pago al contado, que incluirá una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no alcanzados por la condonación, o adherirse a un plan de facilidades de pago que será instrumentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Otro aspecto relevante es que el período laboral regularizado será reconocido como tiempo de servicio válido para acreditar requisitos vinculados a jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez y prestaciones por desempleo.
El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme al procedimiento previsto para este tipo de normas.
