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El fiscal del Tribunal Penal 2 de Posadas, Vladimir Glinka, quien integró la acusación durante el juicio que terminó con la condena del ex diputado provincial Germán Kiczka y de su hermano por delitos vinculados a la tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, aseguró que el dictamen emitido por el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia de Misiones respalda la sentencia condenatoria y rechaza los argumentos presentados por la defensa.
Durante una entrevista en los estudios de Radio Up, Glinka se refirió a la situación judicial actual de Kiczka, quien permanece detenido y realiza una huelga de hambre mientras espera que el Superior Tribunal resuelva el recurso de casación presentado por sus abogados.
«El Procurador propone confirmar la sentencia»
El fiscal explicó que el expediente se encuentra actualmente en instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia y aclaró que el dictamen del Procurador General no coincide con la interpretación difundida por el ex legislador. «Yo leí el dictamen del procurador, el procurador general en relación a esta causa es muy extenso, tiene más de 40 páginas y en ningún momento dice lo que él plantea», sostuvo Glinka.
Además, remarcó que el representante del Ministerio Público ante el STJ «confirma la sentencia, propone que se confirme la sentencia y rechaza los planteos que ha hecho la defensa en el recurso».
Para el fiscal, la situación procesal actual es clara: «Lejos de lo que dice de que los jueces actuaron mal, que las pruebas fueron inventadas y demás, el procurador lo que hace es ratificar lo actuado».
Qué dijo Germán Kiczka desde prisión
La reacción del fiscal llegó luego de la difusión de un audio grabado por Germán Kiczka desde el lugar de detención donde cumple su condena.
En ese mensaje, el ex diputado sostuvo que inició una «estricta huelga de hambre» porque, según afirmó, el tribunal revisor habría reconocido irregularidades en la sentencia. «Casación emitió un dictamen donde confirma que los jueces cometieron prevaricato», expresó Kiczka.
También aseguró que fue condenado mediante un proceso irregular, sostuvo que es un «preso y perseguido político» y afirmó que «no hay ninguna, absolutamente ninguna prueba» en su contra.
Asimismo, denunció supuestas violaciones a sus derechos dentro de la unidad penitenciaria y reclamó la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Glinka respondió que esa interpretación no se corresponde con el contenido del dictamen conocido por las partes.
La fortaleza de la prueba digital
Uno de los aspectos centrales abordados por el fiscal Glinka en Radio Up fue la consistencia de la evidencia utilizada durante el proceso judicial. «No hacemos acusaciones porque sí. Si no hubiera prueba, si hubiera algo raro, la acusación no se hubiera efectuado», afirmó.
Glinka recordó que el trabajo del Ministerio Público implica una enorme responsabilidad debido a las consecuencias que puede generar una acusación penal y aseguró que la decisión de llevar el caso a juicio estuvo sustentada en pruebas suficientes.
También destacó la relevancia de la evidencia digital obtenida durante la investigación. «Es una prueba digital prácticamente imposible de modificar en el contexto en el que estamos. Se secuestra un aparato y queda reservado y nadie más lo toca», explicó.
Según indicó, la solidez de este tipo de evidencia provocó que otros acusados por delitos similares optaran posteriormente por juicios abreviados para evitar un debate oral donde las pruebas resultaran difíciles de controvertir.
La discusión sobre la pena impuesta
Otro de los argumentos difundidos por Kiczka apunta a la magnitud de la condena recibida. El fiscal rechazó esa postura y afirmó que existen antecedentes recientes con penas incluso superiores. «Yo tuve dos causas más en las cuales fueron condenadas 15 años las dos personas. O sea, más la condena que tiene él», señaló.
En ese sentido, explicó que el Ministerio Público mantiene una política particularmente severa frente a los delitos relacionados con el abuso sexual infantil. «Somos muy duros en este tipo de delito, en todos los abusos sexuales infantiles, somos muy duros», enfatizó.
El acceso al Superior Tribunal y una eventual llegada a la Corte
Glinka recordó que Kiczka está ejerciendo plenamente sus derechos procesales y que el recurso de casación es parte de las garantías previstas para cualquier condenado. «Todo imputado que termine condenado tiene derecho a que se revise su sentencia», explicó.
Además, detalló que si el Superior Tribunal rechaza el planteo de la defensa, todavía existe la posibilidad de intentar un recurso extraordinario federal para procurar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«No creo que esa sentencia se modifique»
Consultado sobre las posibilidades de que la condena sea revertida, el fiscal fue prudente aunque dejó en claro cuál es su expectativa. «Yo estuve en esa sentencia, yo sé lo que había, sé por qué pedimos lo que pedimos», manifestó.
Y agregó: «Ahora, sabiendo que el procurador ha avalado también nuestra postura, creo que va más para una confirmación que para otra cosa».
Finalmente, sostuvo que los elementos incorporados durante el juicio y el reciente dictamen del Procurador General le permiten mantener confianza en el resultado alcanzado. «Los indicios me dejan tranquilo a mí en que no creo que esa sentencia se modifique», concluyó.