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Toda reforma revela una decisión silenciosa: quiénes serán incluidos y quiénes quedarán al margen. Esa es la discusión de fondo que atraviesa hoy a la Argentina.
Entre la confusión y la distracción estamos llegando casi a fines de febrero con leyes apunto de ser aprobadas y otras tantas que continúan ese camino. Acertadas o no, nuevamente han puesto en vigor el calor de la calle y las redes sociales como escenario para que aquellos que no cuentan con representación parlamentaria expresen apoyos y broncas.
No es una novedad. Cada ciclo político argentino termina desembocando en el mismo punto: debates intensos, posiciones extremas y una sociedad partida entre quienes celebran reformas estructurales y quienes las resisten. Sin embargo, más allá de la coyuntura, hay un fenómeno más profundo que merece ser señalado. Lo que estamos observando no es solo la sanción de nuevas leyes, sino el fortalecimiento de una forma de legislar que podríamos definir como la lógica del descarte.
No se trata de una ley escrita. No figura en el Boletín Oficial. Es un paradigma. Es el momento en que un modelo —de cualquier signo ideológico— decide que la eficiencia, el equilibrio fiscal o la rentabilidad están por encima de la inclusión, y acepta que habrá sectores que quedarán afuera.
Argentina ya ha atravesado momentos similares. Ocurrió con la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el gobierno de Alberto Fernández, con la sanción de la Ley de Bases impulsada por Javier Milei, y ahora vuelve a emerger en el debate sobre la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. Son discusiones distintas, con contenidos distintos, pero con una característica común: interpelan valores profundos y dejan inevitablemente sectores disconformes.
La polarización fanática que describe a buena parte del escenario político —principalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque muchas veces las provincias imitan ese clima sin vivirlo en su misma intensidad— nos ha llevado a debates que nos interpelan desde lo moral antes que desde lo estructural. Discutimos con pasión temas que forman parte de la realidad del país, pero que no necesariamente abordan sus problemas de fondo.
Tomemos el caso de la baja de la imputabilidad. Para algunos representa una respuesta inmediata frente al delito juvenil. Para otros es la confirmación de un fracaso social más amplio. El punto no es el eslogan. El punto es preguntarnos qué problema queremos resolver. Resulta cómodo asumir que la delincuencia juvenil es el resultado caprichoso de jóvenes sin rumbo. Mucho más complejo es reconocer que esos jóvenes son el reflejo de la sociedad que los formó —o que no los formó—. Como sostenía Don Bosco, ningún niño nace malo; simplemente hay quienes no tuvieron quien les enseñe a ser buenos.
Reducir el debate a castigo o impunidad es quedarse en la superficie. Y ese es justamente el riesgo del país iceberg: discutir lo que sobresale mientras ignoramos la masa que permanece sumergida.
Algo similar ocurre con la reforma laboral. Negar la necesidad de actualizar el régimen laboral sería desconocer que el mundo del trabajo cambió y que el Estado debe adaptarse a nuevas realidades productivas. Pero modernizar no puede transformarse en descartar. Una reforma no puede convertirse en un mecanismo que aísle a quienes ya parten en desventaja: sin educación adecuada, sin alimentación suficiente, sin seguridad mínima.
El debate laboral debería ser una oportunidad para incluir a quienes hoy están fuera del sistema y, al mismo tiempo, garantizar estabilidad a quienes ya están dentro. Si se convierte en una revancha simbólica de quienes se sintieron excluidos por el viejo esquema, estaremos repitiendo el mismo error con distinto discurso.
La libertad de mercado necesita orden. Y el orden requiere un Estado rector. No un Estado omnipresente, pero tampoco un Estado que se limite a observar desde la vereda. Si todos los argentinos decidieran trabajar en la misma plataforma de transporte o abrir el mismo tipo de negocio, rápidamente el mercado se saturaría. Ya lo vivimos en los años 90, cuando las pizzerías se multiplicaban una al lado de la otra hasta que un día se quedaron sin clientes y se fundieron. El mercado sin regulación no garantiza inclusión; garantiza competencia, y la competencia siempre deja rezagados.
El descarte no empieza cuando alguien pierde el trabajo. Empieza cuando el Estado deja de pensar qué hacer con esa persona.
Hay además un elemento institucional que suele pasar desapercibido. La mayoría de las leyes más polémicas de los últimos años han surgido del impulso directo de los gobiernos nacionales. Aun dentro de un sistema federal, son los presidentes quienes marcan la agenda de las reformas estructurales. Las provincias, muchas veces, se ven obligadas a acompañar para no quedar aisladas o perder recursos.
Ese desequilibrio también forma parte del iceberg. La discusión pública se concentra en el contenido de la ley, pero rara vez en la arquitectura de poder que la hace posible. Año tras año, presidente tras presidente, la dinámica se repite.
Sancionar leyes creyendo que atacan el problema visible es como avanzar contra la punta de un iceberg sin medir la profundidad de lo que permanece bajo el agua. El Titanic no se hundió por lo que se veía, sino por lo que no se calculó.
En nuestro caso, lo que no se calcula está en las villas, en las comunidades marginales, en las familias atravesadas por la precariedad estructural. Está en los jóvenes que abandonan la escuela, en los trabajadores informales, en los adultos mayores que no logran cubrir sus necesidades básicas. Sin importar la ideología del presidente de turno, es el Estado el que debe observar —y hacer observar— esas desigualdades.
Desde Maquiavelo hasta la teoría moderna de las “ventanas de oportunidad”, se sabe que las reformas más difíciles suelen impulsarse cuando la atención pública está dispersa o cuando la urgencia económica debilita la resistencia social. Pero aceptar esa lógica como natural no significa que debamos celebrarla sin reflexión.
Para que una persona pueda aceptar un cambio, primero debe comprenderlo. Cuando el cambio se percibe como imposición, el resultado no es estabilidad sino acumulación de resentimiento. Y cada resentimiento es una nueva capa de aislamiento social.
El desafío no es elegir entre mercado o Estado, entre castigo o garantismo, entre ajuste o gasto. El desafío es evitar que cualquier modelo —sea cual sea su bandera— convierta la exclusión en un daño colateral asumido.
Argentina no necesita leyes que descarten. Necesita decisiones que incluyan. Porque un país no se hunde por lo que debate, sino por lo que decide no ver.
