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La Justicia Federal de Misiones confirmó una decisión ejemplar: las pensiones no contributivas por invalidez deberán ser restituidas de manera inmediata, luego de comprobarse que habían sido dadas de baja sin notificación previa ni instancia de defensa.
El fallo fue firmado por los jueces Fabián Cardozo, Mario Boldú y Mirta Tyden, quienes el 7 de noviembre de 2025 avalaron lo resuelto por la jueza Carmen Helena Carbone, del Juzgado Civil y Comercial de Posadas. En su decisión inicial, Carbone había ordenado que los pagos se restablecieran en un plazo máximo de 48 horas, al constatar que los afectados fueron excluidos del beneficio sin explicación oficial.
La resolución judicial obliga a la ANDIS a mantener el pago mensual de las pensiones suspendidas hasta que se dicte una sentencia definitiva. Además, se dispuso postergar el tratamiento de costas y honorarios para una etapa posterior del proceso.
Un fallo que protege derechos esenciales
En su análisis, la Cámara destacó que las pensiones por invalidez son un derecho de seguridad social con jerarquía constitucional, y advirtió que su interrupción arbitraria puede provocar daños irreparables, especialmente en personas que dependen de esos ingresos para alimentarse, acceder a medicamentos o sostener su cobertura médica.
La sentencia desestimó los argumentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, que había apelado alegando que las pensiones no representan un derecho adquirido y que su otorgamiento depende de la discrecionalidad del Estado. Para los magistrados, esa interpretación vulnera principios básicos de protección y dignidad humana, pilares del sistema de seguridad social argentino.
Impacto y alcance en Misiones
El fallo no solo beneficia a los cuatro casos presentados en Misiones, sino que también abre la puerta a futuras acciones judiciales en Misiones y el resto del país. En paralelo, un tribunal federal en Catamarca ordenó recientemente a la ANDIS reactivar más de 100.000 pensiones suspendidas en todo el territorio nacional, sumando un antecedente de peso al reclamo misionero.
En un contexto donde miles de personas con discapacidad vieron interrumpido su único ingreso mensual, la decisión de la Cámara Federal de Posadas reafirma el rol del Poder Judicial como garante de los derechos sociales y humanos más elementales.
