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Las demandas por cuota alimentaria suelen estar entre los procesos judiciales que la ley considera prioritarios por involucrar derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en la práctica, muchas veces terminan convirtiéndose en extensas disputas judiciales, especialmente cuando los demandados son personas con poder político, económico o fuerte exposición pública.
Así lo planteó la abogada Gisela Subizar durante una entrevista concedida al programa Arriba la Radio, que se emite por Radio Up, donde se refirió a la demanda iniciada por su representada, ex pareja del intendente de Garupá, Luis “Lucho” Ripoll, y reflexionó sobre las dificultades que enfrentan quienes buscan el cumplimiento de obligaciones alimentarias frente a dirigentes políticos o empresarios con influencia.
La letrada confirmó que la acción judicial fue presentada luego de fracasar instancias de diálogo extrajudicial. “Se inició luego de intentar un acercamiento extrajudicial que no prosperó. No quedaba otra vía que la judicial”, explicó.
Una demanda que busca ser rápida, pero que suele extenderse
Subizar recordó que las demandas alimentarias tienen un procedimiento especial que, en teoría, debería garantizar una resolución ágil.
No obstante, sostuvo que la realidad judicial suele ser muy diferente. “La demanda de alimentos es una demanda que tiene que ser rápida, pero generalmente en nuestro sistema judicial se hace muy lenta”, afirmó.
Según explicó, los procesos suelen extenderse debido a discusiones sobre patrimonio, ingresos reales, apelaciones y dificultades para acreditar la verdadera situación económica del demandado. “Hay juicios que duran años. Algunos son rápidos y otros son eternos. Muchas veces la discusión pasa por determinar el verdadero caudal económico del alimentante”, señaló.
En el caso que involucra al jefe comunal de Garupá, destacó como un dato positivo que la audiencia de conciliación fue fijada dentro de los plazos legales previstos por la normativa vigente.
El eje del conflicto: los ingresos reales y el nivel de vida
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la diferencia que suele existir entre los ingresos formalmente declarados y el nivel de vida que exhiben algunas personas demandadas.
La abogada sostuvo que el criterio judicial no debería limitarse únicamente al salario registrado. “Lo que se determina es el caudal económico del alimentante. Muchas veces los ingresos declarados no coinciden con la realidad de vida de esa persona”, indicó.
Para Subizar, ese aspecto se vuelve especialmente relevante cuando se trata de funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos con alta exposición social. “Una persona que puede vacacionar permanentemente o mantener determinado nivel de vida difícilmente tenga solamente un salario mínimo”, ejemplificó.
Violencia económica y dependencia
Durante la entrevista, la letrada también se refirió a una problemática que, según afirmó, aparece con frecuencia en este tipo de conflictos: la violencia económica.
Explicó que muchas veces el incumplimiento no se traduce en una ausencia absoluta de aportes, sino en pagos irregulares o montos variables que generan incertidumbre permanente en quien tiene a cargo la crianza. “A veces un mes se da un monto, otro mes no, después se reduce. Esa situación genera dependencia y una forma de subordinación económica”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la previsibilidad resulta fundamental para garantizar el bienestar de los hijos y permitir que la persona responsable de su cuidado pueda organizar la economía familiar.
Cuando el demandado es una figura pública
Consultada sobre si la exposición pública facilita o dificulta este tipo de procesos, Subizar respondió que la notoriedad de los involucrados no necesariamente acelera las soluciones.
Por el contrario, consideró que en algunos casos el poder político o económico puede generar una sensación de protección o blindaje. “Hay personas que ejercen el poder mal entendido. Creen que existe una cobertura que en realidad no debería existir”, manifestó.
La profesional sostuvo que determinados dirigentes o empresarios suelen confiar en que su posición pública los colocará en una situación diferente frente a la Justicia. “Muchas personas se blindan en que son figuras públicas”, afirmó.
El antecedente Florentín: una demanda que lleva más de 20 años
Para ejemplificar sus críticas, Subizar recordó una causa personal que mantiene desde hace más de dos décadas vinculada al ex diputado provincial y ex presidente del Mercado Central, Fabián Florentín.
Según relató, el expediente continúa sin resolución definitiva a pesar del tiempo transcurrido. “Seguimos en juicio hasta el día de la fecha. Son más de 21 años”, aseguró.
La abogada cuestionó que, pese a tratarse de una persona ampliamente conocida en el ámbito político y empresarial, las dificultades para acreditar ingresos y patrimonio continúan siendo un obstáculo dentro del expediente.
También planteó cuestionamientos respecto de los mecanismos de control patrimonial y de las declaraciones juradas de quienes ejercen funciones públicas.
El ejemplo de la dirigencia
Sobre el final de la entrevista, Subizar consideró que quienes ocupan cargos públicos deberían tener una responsabilidad adicional en materia de conducta y cumplimiento de obligaciones familiares. “Los dirigentes políticos deberían dar el ejemplo”, afirmó.
Y agregó: “Si cualquier ciudadano tiene obligaciones tributarias y patrimoniales que debe cumplir y declarar, quienes ejercen funciones públicas deberían hacerlo con una responsabilidad aún mayor”.
Para la letrada, los procesos alimentarios exponen una problemática que trasciende los casos particulares y pone en discusión el acceso efectivo a la Justicia, la protección de los derechos de los hijos y la necesidad de que las personas con responsabilidades institucionales mantengan estándares de conducta acordes al lugar que ocupan ante la sociedad.
