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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción focalizado por 60 días en distintas regiones del país, como respuesta al incremento de la violencia criminal y a la situación de grave conmoción interna que atraviesa el territorio ecuatoriano. La decisión fue confirmada por la prensa local y se enmarca en una estrategia de seguridad reforzada frente al avance del crimen organizado.
El decreto fue firmado el miércoles por el mandatario y entró en vigencia este jueves, habilitando medidas extraordinarias de control y despliegue de fuerzas de seguridad en nueve provincias y tres cantones considerados críticos por el Gobierno.
Provincias y cantones alcanzados por la medida
El estado de excepción dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, zonas que concentran buena parte de los hechos de violencia registrados en los últimos meses.
La medida también se extiende a las provincias de Pichincha, donde se ubica la capital Quito; Santo Domingo, en la región centro-norte; y Sucumbíos, en el norte amazónico del país. Además, alcanza a los cantones La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (provincia de Bolívar).
Objetivos del estado de excepción
Al fundamentar la decisión, Noboa explicó que el plazo de 60 días permitirá desarrollar un ciclo operativo completo de intervención extraordinaria, orientado a:
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Contener y reducir la violencia de alta intensidad
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Neutralizar amenazas en curso o inminentes
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Desarticular estructuras delictivas organizadas
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Restablecer condiciones mínimas de seguridad para la población
Según el Ejecutivo, estas acciones buscan recuperar el control territorial en zonas donde el accionar criminal se volvió recurrente y de alta letalidad.
Crimen organizado y escalada de violencia
El decreto se apoya en un informe de las Fuerzas Armadas, que advierte una escalada sostenida de violencia grave y organizada durante 2025. El documento identifica como principales responsables a los grupos de delincuencia organizada Los Lobos, Choneros y Tiguerones, con fuerte presencia en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.
Entre los hechos más relevantes registrados se destacan atentados con explosivos, ataques directos a funcionarios públicos, homicidios múltiples en espacios públicos y amenazas sistemáticas mediante panfletos, lo que, según el Gobierno, evidencia una estrategia deliberada de intimidación, control territorial y desafío abierto a la autoridad del Estado.
Cifras que reflejan la gravedad del escenario
La magnitud de la violencia queda reflejada en los datos oficiales de la Policía Nacional de Ecuador. Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, se contabilizaron 1.232 víctimas de homicidio intencional en las provincias incluidas en el estado de excepción, lo que refuerza la urgencia de la medida adoptada por el Gobierno.
Un escenario de seguridad en tensión
El nuevo estado de excepción se suma a una serie de medidas similares adoptadas en los últimos años en Ecuador, en un contexto marcado por el crecimiento del narcotráfico, la disputa entre bandas criminales y el aumento de la violencia urbana y rural.
Con esta decisión, el Gobierno de Daniel Noboa busca reforzar el control estatal, contener el avance del crimen organizado y enviar una señal política y operativa frente a una de las crisis de seguridad más profundas que atraviesa el país.
