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El Senado de la Nación Argentina postergó el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, en un contexto de falta de acuerdos políticos que impide avanzar con la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y otros cambios estructurales al sistema electoral. La discusión, que involucra a la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales, quedó virtualmente trasladada a agosto, luego del receso de invierno legislativo, en medio de negociaciones aún abiertas entre el oficialismo y la oposición.
La decisión se produce ante la ausencia de los votos necesarios para aprobar la reforma, que requiere una mayoría agravada de 37 senadores, mientras el oficialismo cuenta con 21 bancas y no logra sumar los apoyos suficientes. El principal punto de conflicto es la eliminación de las PASO, medida rechazada por sectores de la UCR, el PRO y legisladores alineados con gobernadores provinciales.
El proyecto enviado por el Gobierno no se limita a las primarias. También incorpora la implementación de la ley de Ficha Limpia, modificaciones en el reconocimiento de partidos políticos, cambios en el financiamiento de campañas, la eliminación de la publicidad electoral gratuita en medios y la supresión del debate presidencial obligatorio.
Según fuentes legislativas, el debate se reactivará recién tras el receso invernal, que concluye a fines de julio, debido a la falta de consensos y a la dinámica habitual de trabajo del Congreso durante ese período. En paralelo, el Ejecutivo mantiene conversaciones políticas encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque sin avances decisivos.
En el interior del oficialismo reconocen que la resistencia no proviene solo de la oposición tradicional. Parte de los senadores que responden a gobernadores considerados dialoguistas tampoco acompañaría la eliminación de las PASO, lo que complica aún más la estrategia parlamentaria. A esto se suma la postura crítica de la conducción del bloque oficialista en el Senado, que ya habría advertido que los votos no alcanzan para avanzar.
Frente a este escenario, se evalúan alternativas intermedias, como transformar las PASO en un mecanismo optativo o postergar su aplicación hasta el ciclo electoral de 2027, aunque estas opciones tampoco logran consenso interno en el Gobierno.
El paquete de reformas también redefine condiciones de acceso a la competencia electoral: establece nuevos umbrales de avales para candidaturas, endurece requisitos para la constitución de partidos a nivel nacional y modifica el esquema de financiamiento político, reduciendo la asistencia estatal y ampliando el peso del aporte privado.
Además, elimina la publicidad electoral gratuita en medios de comunicación, suprime el carácter obligatorio del debate presidencial y ajusta la normativa de la Boleta Única de Papel, incorporando la posibilidad de seleccionar lista completa y habilitando su uso simultáneo en elecciones provinciales.
Con el Congreso sin acuerdos y el calendario legislativo condicionado por el receso, la reforma electoral queda en pausa y su futuro dependerá de la capacidad del oficialismo para reconstruir mayorías en un escenario político fragmentado y sin garantías de consenso inmediato.
