El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas incorporadas en la reforma laboral sancionada a través de la Ley de Modernización Laboral. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y define el funcionamiento, la administración y el alcance de estos fondos destinados a cubrir obligaciones laborales de trabajadores registrados del sector privado.
La normativa establece que el régimen alcanzará a empleadores privados, con excepción de aquellas relaciones laborales excluidas expresamente por la legislación vigente y las correspondientes al sector público.
Según se desprende de la reglamentación, los fondos serán instrumentados mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. El objetivo es garantizar la administración específica de los recursos, la separación patrimonial de los aportes y la supervisión del sistema.
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Además, el decreto determina las condiciones para la registración de trabajadores, la conformación de cuentas individuales para cada empleador y los mecanismos que permitirán acceder a la cobertura del Fondo de Asistencia Laboral.
La implementación del esquema estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que tendrá la responsabilidad de recaudar y derivar las contribuciones correspondientes dentro del sistema de seguridad social. Para ello, cada empleador deberá informar un identificador específico denominado “ID FAL”, que permitirá asignar correctamente los aportes al fondo correspondiente.
En relación con las indemnizaciones y demás obligaciones laborales alcanzadas por el régimen, la reglamentación dispone que, una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora deberá transferir los fondos al trabajador dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.
La norma también establece que los recursos administrados por estos fondos deberán invertirse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina.

En provincias como Misiones, donde gran parte de la actividad económica está vinculada a pequeñas y medianas empresas del sector privado, la reglamentación aporta precisiones sobre una de las herramientas incluidas en la reforma laboral nacional y fija el marco operativo para su futura implementación.



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