//
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una severa advertencia al gobierno de Javier Milei al señalar deficiencias en los mecanismos de prevención de la corrupción, los controles sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y la transparencia institucional. Las observaciones fueron incluidas en la segunda revisión del acuerdo con Argentina, aprobada a fines de mayo de 2026, en el marco del desembolso de US$ 1.050 millones, pese al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas del Banco Central.
En el informe técnico, el organismo encabezado por Kristalina Georgieva ubicó a la lucha contra la corrupción entre los principales desafíos pendientes del país. El documento remarcó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por la Transparencia Internacional, y sostuvo que distintos indicadores internacionales continúan reflejando problemas estructurales en esta materia.
Dentro del apartado dedicado a los avances recientes en gobernanza, el FMI afirmó que los marcos de prevención anticorrupción requieren un fortalecimiento urgente. Según el organismo, los sistemas de declaraciones juradas presentan verificaciones limitadas, escasa publicidad de la información, demoras en su publicación y una aplicación desigual de las normas vigentes.
Además, el reporte señaló que las regulaciones sobre conflictos de intereses continúan siendo insuficientes debido a vacíos normativos y una débil capacidad de control. También expresó preocupación por la percepción de una independencia judicial restringida y por la persistente politización de algunos procesos judiciales, especialmente en causas de alto impacto público.
El Fondo consideró que las demoras en investigaciones relevantes y la limitada rendición de cuentas de funcionarios de alto rango refuerzan la necesidad de avanzar en una mayor autonomía de las fiscalías y en mecanismos que garanticen una mayor transparencia del sistema judicial.
El tono de estas observaciones marca una diferencia respecto de informes anteriores. Durante revisiones realizadas en años previos, incluso bajo otras administraciones nacionales, el FMI había destacado avances en materia de gobernanza, integridad financiera y transparencia institucional. Sin embargo, en esta oportunidad, el organismo decidió profundizar sus cuestionamientos y poner el foco en las debilidades detectadas.
Las evaluaciones se enmarcan en el Marco de Gobernanza y Anticorrupción adoptado por el FMI en 2018, una herramienta que permite medir cómo las falencias institucionales pueden afectar la estabilidad económica y financiera de los países miembros.
En paralelo, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo. La medida otorga dos meses adicionales para completar los trámites ante la Oficina Anticorrupción.
Advertencia por la morosidad y el sistema financiero
El informe también puso el foco en la situación financiera local. El FMI alertó sobre el crecimiento de los créditos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y advirtió acerca de la creciente dependencia de los bancos respecto del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
Según el organismo, estos factores podrían incrementar la volatilidad del sistema financiero y limitar la capacidad de otorgar créditos de mayor plazo.
Asimismo, destacó que se están reforzando los controles sobre las instituciones financieras no bancarias y el sector fintech, donde los niveles de incumplimiento en los préstamos muestran una tendencia preocupante.
La advertencia coincide con los últimos datos del Banco Central, que reflejaron un fuerte deterioro en la capacidad de pago de los hogares argentinos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la morosidad alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, registrando un incremento superior a los ocho puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.
