//
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó el Decreto 253/2026 impulsado por el Gobierno nacional que habilita la provincialización de rutas nacionales en todo el país durante 2026, al considerar que la medida es ilegal e inconstitucional, ya que se implementa sin intervención del Congreso. Además, advirtió que esta decisión podría derivar en nuevos peajes, mayor presión fiscal y cambios en la gestión vial, al permitir que las provincias asuman el control de corredores incluso mediante concesiones privadas y financiamiento a través del cobro a los usuarios.
La iniciativa oficial forma parte de una estrategia de descentralización que busca reducir el rol del Estado nacional en infraestructura vial. En este esquema, organismos como Vialidad Nacional tendrían funciones más acotadas, mientras que las provincias pasarían a administrar distintos tramos de rutas, con mayor autonomía operativa y financiera.
Desde CONADUV sostienen que la transferencia de competencias no puede realizarse por decreto, sino que requiere una ley formal aprobada por el Congreso, lo que abre un frente de discusión jurídica sobre la validez del instrumento utilizado por el Ejecutivo.
Uno de los puntos más críticos señalados por la entidad es la falta de financiamiento garantizado. Según advierten, el esquema traslada responsabilidades sin recursos específicos, lo que podría generar mayores desequilibrios fiscales en las provincias y comprometer el mantenimiento de la infraestructura vial.
En paralelo, el organismo cuestionó la posibilidad de implementar nuevos peajes en rutas nacionales, al considerar que podrían funcionar como un “impuesto encubierto”, dado que los usuarios ya aportan al sistema mediante el impuesto a los combustibles. En ese sentido, remarcan que se estaría imponiendo una doble carga económica sin una contraprestación clara, lo que podría vulnerar principios constitucionales en materia tributaria.
El impacto también se proyecta sobre la economía real. Según el análisis de CONADUV, la instalación de peajes en corredores clave podría provocar un aumento de los costos logísticos, afectar la competitividad de las economías regionales y encarecer el transporte de mercaderías en todo el país.
A esto se suma la preocupación por la seguridad vial y el mantenimiento. Una gestión fragmentada entre provincias podría derivar en desigualdades en los estándares de conservación, menor inversión sostenida y dificultades para garantizar condiciones homogéneas en la red nacional.
Como contrapropuesta, la entidad plantea avanzar en un plan vial integral financiado con recursos existentes, principalmente el impuesto a los combustibles, sin recurrir a un esquema generalizado de peajes. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema vial argentino continúa abierto, con implicancias legales, económicas y estructurales aún por definirse.
