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A un mes de las elecciones legislativas, los escándalos dentro de La Libertad Avanza ya no sorprenden a nadie. Lo que sí asombra —y preocupa— es la torpeza con la que el oficialismo intenta explicarlos. No se trata solo de si los hechos son reales o no, sino del pésimo manejo político y comunicacional que transforma cada episodio en un boomerang autoinfligido.
El caso José Luis Espert reabre un debate pendiente: la urgente necesidad de una ley de financiamiento electoral que ponga límites claros sobre de dónde proviene el dinero de las campañas. Porque si algo aprendimos en estos años es que la libertad de mercado puede ser peligrosa cuando también cotiza la moral.
La investigación judicial, a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, intenta determinar si durante la campaña presidencial de 2019 —cuando Espert competía como candidato por el partido UNIR— existieron vínculos con el narcotráfico y maniobras de lavado de activos. Un dato que parecería del pasado, pero que hoy salpica de lleno al presente libertario.
Conviene recordar que en 2023 la Justicia Nacional Electoral sancionó al partido Unite por graves irregularidades: falta de documentación que respaldara ingresos y egresos, movimientos bancarios opacos y una contabilidad tan imaginativa como los discursos de campaña. La jueza María Servini resolvió entonces suspender el financiamiento público del partido y abrir un procedimiento administrativo para investigar sus gastos de 2019. Los apuntados no fueron Espert directamente, sino el tesorero Antonio Agustín Montenegro y el presidente José Alejandro Bonacci. Pero la cercanía política entre esos espacios y las actuales filas de La Libertad Avanza vuelve imposible separar las aguas.
Desde hace tiempo, voces libertarias —algunas hoy dentro del propio gobierno— venían advirtiendo sobre el “riesgo Espert”. Nombres como Laje, Nicolás Márquez o “El Gordo Dan” ya habían marcado sus sospechas. Y a poco de las elecciones, la fruta envenenada terminó cayendo del árbol: otro escándalo estalló dentro del oficialismo, y con los recaudos mínimos, podría haberse evitado.
En apenas una semana, Espert cambió varias veces su versión de los hechos, mientras el presidente salió a defenderlo por redes sociales. Dentro del gabinete, el desconcierto fue total: Patricia Bullrich primero pidió su renuncia “si existía la mínima sospecha” y luego se desdijo asegurando que lo bancaba. Todo fue desprolijo, improvisado y con un manejo comunicacional de manual… del fracaso.
Así, el oficialismo logró lo impensado: que el eje de la campaña no sean sus aciertos de gestión sino sus propios tropiezos. Y para el kirchnerismo, claro, este es el mejor escenario posible: los corruptos, los narcos y los lavadores ahora militan enfrente, mientras ellos se presentan como una especie de ONG de la pureza republicana.
Consciente del daño, Milei apura gestos de moderación. De ahí la necesidad de recomponer la relación con Mauricio Macri y el sector del PRO que se sintió desplazado. Con Diego Santilli como cabeza de lista, el gobierno intenta cambiar de tono —o de color—, buscando reconectar con un electorado más de centro que empieza a mirar con desconfianza el extremo libertario.
Paradójicamente, el daño colateral podría terminar siendo funcional: tener como candidato a alguien que ya le ganó al kirchnerismo en el pasado, en el distrito más difícil del país, puede ofrecer una bocanada de oxígeno. Pero el resultado dependerá de una sola cosa: si La Libertad Avanza logra entender que gobernar no es solo agitar una motosierra, sino saber cuándo dejar de cortarse a sí mismo.
La repigmentación, en definitiva, puede servir para cubrir las manchas… o para disimularlas. El tiempo dirá si el nuevo color logra sobrevivir al desgaste o si, como suele ocurrir con las tinturas políticas, termina destiñéndose antes de llegar a las urnas.
Por Dr. Bryan Villalba
