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El pasado jueves, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas vivió una sesión llena de tensión política, luego de que no prosperara el proyecto vinculado a las cañerías y la situación del servicio de agua prestado por SAMSA, además de la aprobación del Balance 2025. La iniciativa, que había sido ampliamente debatida en comisión, no logró los votos necesarios en el recinto, dejando expuestas diferencias internas en distintos espacios políticos.
El concejal Fernando Zarza, del bloque Hacemos, expresó su sorpresa por el desenlace: “La verdad es que muy sorprendido. Nosotros esperábamos que esto avance, que tenga aprobación dentro del recinto”, señaló, al tiempo que recordó el trabajo previo realizado. “Nos costó bastante sacarlo, lo debatimos bastante en comisión… llamamos por primera vez a directivos de SAMSA”, agregó.
Falta de respaldo interno y un dato político clave
Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue la falta de acompañamiento dentro del propio oficialismo. Según Zarza, el concejal Jair Dib, impulsor del proyecto, no contó con el respaldo de su bloque. “El concejal Jair Dib no tuvo el acompañamiento de su bloque, esa fue la realidad”, afirmó.
En esa línea, remarcó el dato político central: “El bloque ‘Frente Renovador’ no acompañó a Jair, quien es presidente de bloque. Lo desautorizaron”. Si bien no hubo votos en contra, la abstención resultó determinante para que la iniciativa no avanzara.
Ausencias y un final inesperado
El desarrollo de la sesión también estuvo condicionado por ausencias y situaciones particulares. Zarza detalló que hubo tres concejales que no estuvieron al momento de la votación, entre ellos una ausencia justificada. Sobre el resto, consideró que no hubo intencionalidad política directa, aunque sí incidieron en el resultado final. “El final de la película es que no pudimos aprobar este proyecto”, resumió.
El edil sostuvo que la caída del proyecto representa un perjuicio directo para los usuarios. “La Renovación le dio la espalda al contribuyente, al usuario, al vecino”, cuestionó, al señalar que la iniciativa buscaba aliviar una situación económica compleja.
Según explicó, el objetivo era dar respuesta a reclamos por tarifas elevadas y problemas en el servicio. “Hay usuarios que realmente lo necesitaban porque están pagando tarifas exorbitantes”, indicó.
Balance político: internas y rupturas
Más allá del caso puntual, Zarza dejó una lectura más amplia del escenario político. Si bien evitó profundizar en conflictos internos, deslizó que las diferencias dentro de los espacios pudieron influir en el resultado.
En ese marco, el balance general también incluyó críticas a otros sectores: “LLA traicionó a su bloque”, sostuvo, en referencia a comportamientos que, según su mirada, afectaron la cohesión interna y el resultado legislativo.
Tras el rechazo, el proyecto no podrá volver a tratarse en el corto plazo, lo que limita las posibilidades inmediatas de avanzar por esa vía. Sin embargo, Zarza adelantó que trabaja en una alternativa desde su comisión.
“Seguimos impulsando el tema de la audiencia pública”, explicó, como una herramienta para que los vecinos puedan expresarse y exigir respuestas a la empresa.
El concejal apuntó directamente a la responsabilidad de la prestadora: “La empresa es la responsable y es la que debe dar la cara”, afirmó, cuestionando la calidad del servicio y la falta de soluciones ante problemas recurrentes.
También criticó las explicaciones brindadas por la empresa y organismos de control, que atribuyeron los inconvenientes a factores estacionales o cortes de energía. “Deslindaron responsabilidad, lo ven como algo normal que la gente se quede sin agua”, señaló.
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Reclamos por el servicio y pedidos de cambios estructurales
Zarza fue más allá y planteó la necesidad de revisar el modelo actual. “La empresa no cumplió con las cláusulas del contrato”, aseguró, y consideró que el Estado debería intervenir.
Incluso propuso una salida transitoria: “El Estado debería retirarle la concesión a la empresa”, sostuvo, sugiriendo una eventual estatización momentánea hasta redefinir el esquema de gestión.
En relación al nuevo proyecto de audiencia pública, el concejal consideró que el oficialismo tiene una nueva oportunidad. “Es una segunda oportunidad para ponerse al lado del usuario”, afirmó.
En un contexto económico complejo, remarcó la gravedad de la situación: “Hemos recibido facturas de hasta dos millones de pesos, gente que cobra menos de la mitad”, ejemplificó.
Industria forestal: “Muchos ya están en extinción y no se dieron cuenta”, advirtió Ronald Verahttps://t.co/UVz1ZUAKuk pic.twitter.com/YoEkiJErtG
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