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El decreto 812 de la yerba mate, lejos de significar una modernización, configura “un programa que organiza una transferencia masiva de renta desde los 12.000 productores hacia un puñado de firmas industriales”, advirtió el economista Darío Díaz, director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (IPEC), en una entrevista con Radio Up.
Al analizar la medida, insistió en que “cuando uno desregula un mercado estructuralmente asimétrico sin corregir sus fallas, no se libera la competencia, sino que se consolida a los oligopolios”, por lo que la consigna de “menos regulación, más competencia y precios justos” se vuelve, en el caso de la yerba mate, un relato que suena simple pero que “es totalmente lo contrario de lo que muestra la arquitectura real del mercado”.
Un mercado estructuralmente asimétrico: miles de productores frente a pocos compradores
Para entender por qué el decreto genera tanta preocupación en el sector, Díaz planteó que primero hay que mirar la estructura del mercado yerbatero. Del lado de la oferta, describió un universo compuesto por unos 12.000 productores de hoja verde, donde “el 74,7% maneja explotaciones menores a 25 hectáreas” y, sin embargo, “producen casi la mitad del total país”.
Es decir, se trata de miles de pequeños y medianos productores, en su mayoría familiares, que sostienen buena parte de la producción pero que llegan a la instancia de negociación con muy poca capacidad para imponer condiciones, sobre todo en contextos de caída de precios, mientras que del lado de la demanda el panorama es completamente diferente, ya que se concentran los procesos de compra, industrialización y comercialización en pocas manos.
Díaz detalló que “tenemos a siete secaderos que conforman el 30% del procesamiento, 20 firmas que acaparan más del 56% de las compras, 10 molinos que dominan tres cuartos del mercado elaborado y cinco cadenas de supermercados que controlan el acceso al consumidor”.
En este sentido afirmó que “no estamos hablando de competencia perfecta, esto se llama técnicamente un oligopsonio espacialmente segmentado”, en el que “son miles de vendedores fragmentados que enfrentan a un puñado de compradores con poder, que son los que pueden decidir el monto que pueden requerir y determinar el precio del producto primario”.
La hoja verde como producto perecedero y la posición débil del productor
Esa desigualdad estructural se agrava porque el producto en juego, la hoja verde, tiene características que dejan al productor en una posición especialmente vulnerable. Díaz pidió imaginarse “un producto que se echa a perder en 24 horas, que es la hoja verde”, y recordó que el productor “no podés almacenarlo, no podés esperar mejores ofertas, no podés trasladarlo más allá de pocos kilómetros”. Del otro lado, remarcó, “hay una mesa con apenas siete compradores controlando el 30% del negocio”, por lo que la pregunta cae de madura: “¿Quién creés que fija el precio en ese negocio? Bueno, eso es exactamente lo que sucede con la hoja verde”.
En ese contexto, el economista subrayó que “el gobierno acaba de eliminar los únicos mecanismos que protegían a los productores en esa negociación”, al desactivar las herramientas regulatorias que fijaban precios de referencia y acotaban los abusos de poder de compra. Así, los productores quedan aún más expuestos a la capacidad de los grandes compradores de imponer condiciones, en un mercado donde la urgencia por vender en pocas horas juega siempre en contra de la chacra.
Menos regulación, más concentración: el relato y la realidad
A partir de esa descripción, Díaz cuestionó con fuerza el discurso que vincula automáticamente desregulación con mayor competencia, ya que “hay un relato que suena simple, que es decir: menos regulación, más competencia, eso va a ser el precio justo”, pero cuando uno observa la realidad del mercado yerbatero “es totalmente lo contrario”. En lugar de abrir el juego, la desregulación de un mercado tan asimétrico “consolida a los oligopolios y oligopsonios”, porque los actores que ya tienen escala, capital y estructura son los que mejor están posicionados para aprovechar el retiro del Estado, mientras que los más chicos quedan librados a una negociación desigual y sin red.
Por eso, desde su mirada, el decreto 812 no moderniza ni dinamiza la competencia, sino que reordena el poder dentro de la cadena en favor de quienes concentran compras, procesamiento y llegada al consumidor, al mismo tiempo que organiza una transferencia de ingresos desde los productores hacia la industria y el comercio.
El “efecto King”: cuando producir más implica cobrar menos
En la entrevista, el economista también incorporó un concepto técnico clave para entender los riesgos de la medida: el “efecto King”. Explicó que en Argentina “el 96% aproximadamente de los hogares ya toman mate”, lo que muestra una demanda doméstica con una elasticidad extraordinariamente baja. Es decir, un incremento fuerte de la producción no se traduce en un incremento equivalente del consumo, ya que “un argentino no va a duplicar su consumo diario porque el precio baje a la mitad”.
En esos casos, cuando se expande la oferta sin que la demanda acompañe, “lo que ocurre es el llamado efecto King, que cuando la producción aumenta un 10% el precio puede caer un 20% o más”, de modo que “el que produce termina vendiendo más kilogramos, pero recibe menos dinero”.
Díaz recordó que este fenómeno no es una hipótesis teórica, sino un antecedente concreto de la historia yerbatera reciente, porque “durante los años 90, cuando se disuelve la CRYM, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, es exactamente lo que pasó: hubo una sobreproducción masiva seguida por quiebres de precios que obligaron a miles de productores a dejar la actividad”.
Desde su perspectiva, al quitar límites y regulaciones que ordenaban la superficie implantada y la producción, el decreto 812 recrea las condiciones para repetir aquel ciclo de sobreoferta, derrumbe de precios y expulsión de productores, con el agravante de que hoy la concentración en la industria y la comercialización es aún más marcada.
Barreras de entrada estructurales y la falacia de la “libre entrada”
Al analizar los argumentos oficiales que respaldan la desregulación, Díaz detectó varias “falacias”. Una de ellas es la idea de que la libre entrada de nuevos actores resolverá el problema del oligopsonio, ya que supuestamente aparecerían más compradores y se equilibraría el poder en la negociación. Frente a esto, el economista fue tajante: “primero, la idea de que la libre entrada va a corregir el oligopsonio no es así, porque las barreras de entrada son estructurales, no son legales”.
Es decir, no alcanza con flexibilizar normas o permisos para que surjan nuevos secaderos o molinos, porque las verdaderas barreras están en la escala de inversión, el acceso al financiamiento, las redes comerciales ya consolidadas y la logística que se requiere para operar en grandes volúmenes. Por lo tanto, desregular no implica que se multipliquen los compradores, sino que los que ya dominan el mercado tienen más margen para expandirse y concentrar aún más. En esa línea, Díaz insistió en que, lejos de corregir el oligopsonio, la medida le quita contrapesos institucionales y refuerza el poder ya existente de las grandes firmas.
Exportar más no es solo producir más: exigencias que la desregulación no resuelve
Otra falacia que señaló tiene que ver con el vínculo entre producción y exportaciones. Según Díaz, también es engañoso sostener que “si se produce más, se exporta más”, porque “expandir volúmenes constituye una condición necesaria, pero insuficiente”. Para acceder a mercados exigentes, advirtió, se necesitan “certificaciones orgánicas, la trazabilidad de origen, el cumplimiento de las normas ISO, la logística” y toda una serie de requisitos que la simple desregulación interna no garantiza.
De este modo, eliminar regulaciones en el mercado doméstico no alcanza para transformar automáticamente ese aumento de producción en más ventas al exterior, ya que las exigencias de calidad, trazabilidad y logística siguen siendo las mismas y requieren políticas activas, inversiones y acompañamiento específico. En otras palabras, si no se aborda este conjunto de condiciones, el riesgo es que el sector aumente la producción sin lograr una inserción internacional significativamente mayor, con el consiguiente impacto negativo sobre los precios internos.
Los más vulnerables: pequeños productores sin espalda financiera
En cuanto a los efectos concretos del decreto sobre los distintos segmentos del sector, Díaz puso el foco en los productores más vulnerables. Recordó que “el 29,6% de los productores cultivan menos de 5 hectáreas aportando apenas el 10,9% del total” de la producción, y que justamente esas explotaciones son las que “carecen de la espalda financiera para poder soportar estos períodos con precios tan bajos”.
Son chacras pequeñas, muchas veces familiares, con poco margen para endeudarse o esperar una recomposición de precios, que dependen casi por completo de cada cosecha anual para sostener su economía y que están ancladas a un entorno local con pocos compradores y alta concentración. Frente a un escenario de valores deprimidos en tranquera, son los primeros en verse obligados a vender, endeudarse o abandonar la actividad, mientras que los actores con más capital y volumen pueden resistir, comprar tierras y expandir su escala.
Un proceso de concentración fundiaria acelerada y un beneficio marginal al consumidor
Por eso, Díaz sostuvo que “no va a haber una mayor eficiencia, sino que va a haber una concentración fundiaria acelerada”, ya que las medidas no nivelan la cancha sino que “organizan una transferencia de ingreso desde los pequeños productores hacia las grandes firmas”. Al mismo tiempo, advirtió que la presunta ventaja para el consumidor urbano es mínima, porque el componente de la hoja verde en el precio final del paquete no es el único factor, ya que inciden la industrialización, la logística, los impuestos y los márgenes comerciales de los grandes supermercados.
En esa línea, remarcó que la ganancia del consumidor en términos de una eventual baja de precios será “muy muy leve o muy marginal”, mientras que el costo en términos de deterioro del entramado productivo y concentración económica puede ser profundo y duradero. De este modo, la balanza entre beneficios y perjuicios aparece claramente inclinada: una mejora casi imperceptible en góndola frente a un daño estructural para el sector productor.
Un balance crítico sobre el decreto 812
En síntesis, el análisis de Darío Díaz sobre el decreto 812 concluye que no se trata de una medida que modernice el sector ni que promueva una competencia saludable, sino de una desregulación aplicada sobre un mercado estructuralmente asimétrico, donde la hoja verde se pierde en 24 horas, la demanda interna es rígida, las barreras de entrada para nuevos actores son estructurales y la concentración en secaderos, molinos e hipermercados es muy alta.
En ese contexto, al “eliminar los únicos mecanismos que protegían a los productores en esa negociación”, el Estado se retira del rol de equilibrar la balanza y deja librado el juego a un puñado de grandes empresas, de modo que el resultado probable —según Díaz— será más concentración, más transferencia de renta hacia la industria y el comercio, más expulsión de pequeños productores y, apenas, una mejora marginal para el consumidor final.
Sand cuestionó el decreto de Milei: “La destrucción de la actividad yerbatera es tremenda” https://t.co/MhbgRJkqum
— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 18, 2025
