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En Argentina, los gremios docentes universitarios nucleados en CONADU confirmaron un paro nacional de seis días, del 26 al 31 de mayo, en todas las universidades públicas del país, en reclamo de mejoras salariales y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de conflicto con el Gobierno nacional por la falta de actualización presupuestaria y paritaria desde octubre de 2024. La medida, que se desarrollará en distintas instituciones académicas, incluirá también clases públicas y movilizaciones, y fue decidida tras la última Marcha Federal Universitaria y la ausencia de respuestas oficiales, según denunciaron los gremios.
El plan de lucha no se limita a esa semana: las organizaciones sindicales adelantaron que el 22 de mayo impulsarán un frente educativo en el Cabildo de Buenos Aires, con el objetivo de unificar estrategias y ampliar la protesta a nivel nacional. Paralelamente, distintas agrupaciones docentes ya analizan profundizar las medidas durante el segundo cuatrimestre, incluyendo la suspensión de exámenes y la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado en algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El conflicto se apoya en datos difundidos por la propia federación sindical, que advierte una caída del poder adquisitivo del 34% desde la asunción del Gobierno de Javier Milei hasta enero de 2026, con salarios que, en algunos casos, como el de un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad, rondan los 305.604 pesos brutos mensuales.
En ese marco, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, describió la situación interna del sector como “extremadamente compleja” y aseguró que el nivel de desgaste entre los trabajadores ya alcanzó un punto crítico tras meses sin avances en las negociaciones.
En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también elevó el tono del conflicto al difundir un comunicado en el que cuestiona las declaraciones oficiales hacia el sistema universitario. Las autoridades académicas rechazaron las críticas públicas a las instituciones y defendieron el rol de la universidad pública, al advertir que la disputa trasciende lo presupuestario y pone en juego “el modelo de país y de democracia”.
Asimismo, los rectores repudiaron los cuestionamientos dirigidos al presidente del CIN, Franco Bartolacci, y alertaron sobre lo que consideran intentos de deslegitimación institucional en medio del conflicto.
