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La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales argentinas volvió a quedar expuesta tras una nueva Marcha Federal Universitaria. En medio del reclamo por mayores fondos, docentes y autoridades advirtieron que el deterioro salarial provoca la renuncia de entre 10 y 12 profesores universitarios por día en distintas casas de estudio del país. La situación afecta especialmente a las universidades del interior y amenaza con paralizar áreas académicas estratégicas.
El dato fue dado a conocer por Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quien aseguró que el sistema universitario llegó a un punto crítico. Según explicó, la pérdida constante de profesionales responde a la imposibilidad de sostener económicamente la actividad académica frente a salarios cada vez más depreciados.
“El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo”, cuestionó el investigador al referirse al conflicto presupuestario que atraviesan más de 60 universidades públicas en todo el territorio argentino.
La problemática se agravó luego de la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, una movilización que reunió a estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes para exigir financiamiento y visibilizar la situación crítica que atraviesan también los hospitales universitarios.
Uno de los puntos más preocupantes es el impacto que esta situación genera en el sistema federal de educación superior. Mientras el debate público suele concentrarse en la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde las universidades del interior advierten que muchas carreras comienzan a quedarse sin especialistas debido a la fuga de docentes hacia otros sectores laborales mejor remunerados.
Actualmente, un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple percibe alrededor de 260 mil pesos mensuales, un ingreso que, según remarcan los gremios universitarios, ni siquiera alcanza para cubrir gastos básicos como transporte y alimentación para asistir a clases.
Desde distintos sectores académicos sostienen que la continuidad de este escenario podría afectar directamente la formación de profesionales, la continuidad de investigaciones científicas y el normal desarrollo de materias específicas en numerosas carreras universitarias.
