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La crisis en la universidad pública volvió a entrar en el debate. En una entrevista a Radio Up, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, dejó un diagnóstico contundente sobre la situación del sistema universitario público argentino luego de la media sanción en Diputados que avanzó contra la emergencia universitaria. En una sesión extensa, acelerada y cargada de tensiones políticas, el Congreso volvió a colocar a la educación superior en el centro del debate, aunque, según advirtió Alpa, con decisiones que profundizan la crisis y anticipan un panorama extremadamente complejo para 2026.
Alpa calificó como llamativo y “muy raro” el tratamiento legislativo del artículo 75, que apareció en comisión y fue eliminado casi de inmediato durante la sesión. Para el titular del CIN, ese movimiento no fue menor, ya que buscaba borrar de un plumazo una ley que ni siquiera está en ejecución, dado que el Poder Ejecutivo la mantiene suspendida mediante un decreto considerado inconstitucional. Recordó que desde el 29 de octubre, 49 universidades públicas sostienen una causa judicial que intenta preservar la ley de financiamiento universitario, hoy paralizada.
Presupuesto nacional: una base necesaria, pero sin mejoras reales
Si bien valoró que el país vuelva a contar con un Presupuesto Nacional luego de dos años sin la ley de leyes, Alpa fue claro al señalar que el aprobado no contempla aumentos para las universidades. “Es exactamente lo que venimos recibiendo”, explicó, al tiempo que advirtió que no existen refuerzos que compensen la inflación acumulada ni la pérdida del poder adquisitivo. El texto presupuestario, además, prevé una inflación del 10%, un escenario que profundiza el deterioro financiero del sistema universitario.
Una pérdida del 45% que ya impacta en el funcionamiento
El presidente del CIN subrayó que la realidad es concreta: en los últimos 24 meses, las universidades perdieron cerca del 45% de su financiamiento real. Esta caída ya se refleja en dificultades para sostener carreras, en demoras en el envío de fondos y en tensiones que afectan la gestión cotidiana. Incluso, reconoció retrasos recientes en el pago de salarios, una situación inédita en el año financiero.
Uno de los puntos más sensibles del análisis fue la situación del plantel docente. Alpa recordó que el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, lo que deja sin margen de ajuste sin afectar directamente la estructura académica. En ese contexto, alertó sobre una creciente ola de renuncias docentes, especialmente de quienes tienen dedicación simple y ya no logran cubrir ni los costos básicos para sostener su tarea universitaria. Esta pérdida de experiencia, advirtió, compromete seriamente la calidad educativa.
Estudiantes, becas y el rol social de la universidad pública
La crisis también golpea de lleno a los estudiantes y al rol social de la universidad pública, sobre todo en provincias como Misiones. El aumento de los alquileres, los costos de traslado y la reducción de becas nacionales empujan a muchos jóvenes a abandonar sus estudios. Aunque la gratuidad universitaria sigue siendo un derecho, Alpa sostuvo que no alcanza si no existen condiciones materiales para sostener la vida estudiantil.
Más que números: el futuro del país en discusión
Para el titular del CIN, el debate excede una cuestión presupuestaria. “Acá estamos definiendo el futuro del país”, afirmó, al remarcar que sin universidades fuertes no hay formación de profesionales, técnicos ni recursos humanos calificados. Sin ese capital humano, advirtió, no hay inversiones sostenibles ni desarrollo federal posible.
Al analizar la sesión en Diputados, Alpa interpretó que existe un cambio de clima político, influido por las elecciones intermedias y por una realidad social que se siente en cada provincia. Las leyes vinculadas a la emergencia universitaria, la salud pediátrica y la discapacidad fueron ratificadas pese a los vetos porque responden a demandas concretas que los legisladores no pueden ignorar. Además, recordó que el salario universitario es un motor clave de las economías regionales.
Transparencia universitaria y un debate que se repite
Respecto a las críticas oficiales sobre la transparencia, Alpa fue tajante al señalar que se trata de un discurso reiterado para justificar el ajuste. Recordó que las universidades siempre fueron auditadas y destacó la reciente creación de una base de datos unificada, con información pública sobre docentes, estudiantes y presupuesto, desarrollada junto a la Auditoría General de la Nación.
El voto, la universidad pública y una lectura equivocada
Consultado sobre las declaraciones de un diputado de La Libertad Avanza, que sostuvo que la eliminación de la emergencia universitaria responde a lo que “votó la gente”, Alpa consideró ese planteo equivocado. Señaló que el voto ciudadano no puede fragmentarse por áreas y que, aunque la situación económica incida en las decisiones electorales, eso no implica un rechazo a la educación pública ni a la universidad gratuita.
Hacia el cierre, el presidente del CIN se mostró escéptico respecto a la posibilidad de un diálogo real con el Gobierno nacional. A pesar de las marchas universitarias, los reclamos institucionales y el consenso académico, el resultado fue una reducción concreta del presupuesto. “No hablamos de sueldos, hablamos de estudiantes y del futuro del país”, concluyó.
El Frente Renovador respaldó el Presupuesto, pero fijó límites en discapacidad y financiamiento universitario https://t.co/8zxi85jjzY
— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 18, 2025