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El Ministerio de Seguridad de la Nación ya interviene en el caso de la joven de 18 años que en San Ignacio habría sido víctima de abuso y trata de personas. Así lo confirmó Claudia Burg, delegada del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata para Misiones y Corrientes a Radio Up, quien explicó que la Unidad de Respuesta Inmediata “estuvo en contacto con el papá de esta chica y le van a brindar asesoramiento legal y psicológico”. Además, la Unidad de Asistencia a las Víctimas, a cargo de Nilda Gómez, también tomó contacto con la familia.
El acompañamiento técnico se da en paralelo a ciertas medidas e irregularidades que advirtieron desde el Comité que depende del ministerio de Patricia Bullrich. Burg contó en Argentina Divina Comedia por Radio Up que a la víctima le llegó una citación para una entrevista psicológica a realizarse en el Juzgado de Familia de San Ignacio: “Les llegó una cédula de notificación para un examen psicológico, como a 10 días después de los hechos”, reprochó.
A esto se suman anomalías que la delegada reconoció en la forma en la que se le tomó la denuncia a la chica el pasado 27 de octubre, y en la carátula que cobró la investigación. Es que en el Juzgado de Instrucción de Jardín América se indaga el caso como un delito contra la integridad sexual por “autores desconocidos” -algo llamativo, teniendo en cuenta que en el operativo policial de rescate tres hombres fueron demorados e identificados, entre ellos un sargento ayudante de la Policía de Misiones-.
Por esta serie de irregularidades y la notificación para una pericia psicológica, “van a averiguar desde el Ministerio de Seguridad de qué se trata esta cédula de notificación, cuál es el sentido y cuál es el requerimiento judicial para hacer esto: si corresponde o no corresponde”, adelantó.
Captación y explotación: Justicia Federal investiga trata de personas en San Ignacio
Burg reconstruyó la secuencia de captación, explotación y abuso que sufrió la joven. Aclaró que “la situación se da en San Ignacio, pero la familia vive en Santa Ana”, donde comenzó todo. “A través de una persona, ella es captada. Primero había sido captada para distribuir droga en Santa Ana”, relató.
La dinámica comenzó con regalos y dinero: “Ella había contraído una deuda, pero al principio tampoco sabía que era una deuda”. Cuando esa cifra creció, la obligaron: “Tenés que pagar, lo pagás distribuyendo droga”, citó.
Tras cumplir esa exigencia, la adolescente quiso cortar el vínculo. Pero le ofrecieron otro supuesto empleo de limpieza en Loreto. Allí, dijo Burg, fue nuevamente abordada: “Le dicen: ‘Acá estás ganando muy poco, ¿querés otro trabajo?’”. La llevaron entonces al camping La Familia, donde la verdadera finalidad quedó expuesta: “Le explican que es un trabajo de prostitución y ella siente miedo. No hay nada voluntario cuando uno siente miedo”, recalcó al referirse al agravante del caso que motivó a que la Fiscalía del Juzgado Federal de Oberá investigue trata de personas y tráfico de drogas.
Según la reconstrucción, cuando intentó irse, fue insistida para subir a un auto, donde “le dieron de beber y a partir de ahí ella se marea”. Luego “siente un pinchazo en el brazo” y pierde parte del recuerdo. “Cuando despierta está con dolores… y está con cinco hombres”, señaló. Los agresores incluso la obligaron a llevar droga a la primera persona que la había captado.
Amenazada
Más tarde, la situación escaló en amenazas directas: “Le muestran fotos de su hermanita menor y le dicen que si no accede, la que va a sufrir va a ser su hermanita”. Forzada, llevó a una amiga, pero se arrepintió y logró escapar con ella: “Se droga y adquiere fuerza… vuelve para ir ella y que no la lleven a su amiga”.
La joven fue rescatada por su padre, el sargento ayudante Claudio Bennitez, en un segundo episodio dentro del mismo camping: “La encuentra con tres hombres”. En ese punto, Burg remarcó graves irregularidades posteriores: “Cuando se hace el procedimiento van a la comisaría de la mujer y están todos juntos, la víctima y los victimarios. Esto no puede pasar nunca”, reprochó.
Respecto de los responsables, la delegada confirmó que están identificados. “Ella puede nombrarlos, nombre y apellido, y el papá también los conoce. En la denuncia ponen los nombres”, afirmó, aunque la investigación local aún los caratula como “autores desconocidos”. “Por eso digo que, como mínimo, los procedimientos fueron confusos”, sostuvo.
La familia ya realizó denuncias ante la línea 145, lo que activó la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Comisión Nacional de Rescate. Burg confirmó además intimidaciones posteriores hacia la familia de la chica: autos que pasaban, filmaciones simuladas y amedrentamientos. “Estaban completamente desprotegidos”, dijo.
Actualmente, el Ministerio de Seguridad nacional acompaña los pasos judiciales, incluida la evaluación de la notificación que ordena un examen psicológico a la víctima. El seguimiento continúa en el fuero federal por trata y narcotráfico, y en la Justicia de Jardín América por el abuso. Además, en el Juzgado de Familia de San Ignacio -donde allí una agente de la Comisaría de la Mujer denunció como funcionario obligado- investigan lo sucedido como “violencia de género” por “autores desconocidos”.
Relato de amenazas y abuso a una joven en San Ignacio: “Cuando despierto había cinco hombres al lado mío” https://t.co/u3NNhWUBVj pic.twitter.com/qcU9iM6ht3
— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 6, 2025
