La Fundación Alameda, organización que trabaja contra la explotación laboral y sexual, denunció ante la Procuraduría de Trata (PROTEX) un posible caso de captación, explotación y encubrimiento en Misiones.
Caso San Ignacio: señalan complicidad policial y solicitan apartar la investigación provincial
La joven víctima es hija de un policía de Loreto. El comisario que encabezó el operativo de rescate denunció amenazas y pidió el retiro tras ser trasladado. La familia reclama contención y acompañamiento psicológico mientras la intervención federal avanza en etapa preliminar.
El caso comenzó a conocerse públicamente la semana pasada, cuando familiares de una joven de Loreto denunciaron su desaparición y luego fue hallada en una cabaña en la localidad de San Ignacio.

Sin embargo, en los últimos días se sumaron nuevos datos, testimonios y elementos que tensan el cuadro original y abren la posibilidad de un delito más complejo: trata de personas con fines de explotación sexual, con participación de agentes estatales y narcotráfico.
La joven, hija de un sargento de la Policía de Misiones, habría sido captada bajo engaños, trasladada y alojada junto a al menos tres personas en una vivienda precaria dentro de un complejo turístico.
Al momento del operativo policial que permitió localizarla, según relataron sus familiares, la joven se encontraba en estado de vulnerabilidad emocional y física, con signos de haber sido drogada. El comisario responsable del procedimiento, perteneciente a la Unidad Regional XIII, relató posteriormente haber recibido presiones e intimidaciones por parte del intendente de San Ignacio.

A las 24 horas del operativo, la Jefatura de Policía dispuso su traslado a una dependencia ubicada a más de 150 kilómetros de su domicilio, lo que derivó en que iniciara trámites para retirarse anticipadamente de la fuerza.
Mientras tanto, el oficial encontrado en la cabaña con la joven continuó prestando funciones durante más de diez días, hasta que finalmente fue pasado a disponibilidad. El padre de la joven, también integrante de la fuerza policial, se encuentra actualmente con licencia médica mientras intenta acompañar la recuperación emocional de su hija.

La Alameda toma intervención y lleva el caso al fuero federal
Durante esta semana, la Fundación Alameda tomó contacto directo con la familia y decidió avanzar en la presentación formal ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), organismo del Ministerio Público Fiscal que interviene en delitos de trata en todo el país.
En comunicación con Argentina Divina Comedia, programa emitido por Radio Up, el referente de la organización en el NEA, José María Serbín, explicó cómo llegaron al caso y qué los llevó a presentar la denuncia.
‘’Fuimos informados por una fuente sobre la situación. A partir de eso, nos comunicamos directamente con el sargento Benítez, el padre de la víctima, para conocer el caso de primera mano. Detectamos indicadores que pueden ser compatibles con una situación de explotación sexual y trata de personas y en función de eso presentamos la denuncia ante PROTEX’’.
Serbín aclaró que la trata no siempre se configura únicamente cuando existe un beneficio económico directo, sino que puede darse a través de coacción, amenazas, manipulación emocional, narcotización o sometimiento progresivo.
‘’En este caso, hay elementos que permiten sospechar captación mediante engaño, aislamiento, drogadicción inducida y vinculación con narcomenudeo. Esto es muy frecuente: jóvenes que son utilizadas como ‘soldaditos’ para entregar y mover sustancias al menudeo, como parte de estructuras mayores’’.
Además aseguró: ”esta chica fue llevada engañada a un supuesto trabajo donde es aparentemente captada, pero además ya había sido captada con anterioridad, digamos, la estaban usando específicamente como una como como una soldadito al narcotráfico, digamos, esto suele ser muy común en redes de trata”.
La denuncia también incorpora indicios de posibles maniobras de encubrimiento dentro de la fuerza policial provincial, entre ellas:
Obstaculización a la familia para acompañar la declaración de la víctima
Demoras en la entrega de la copia de la denuncia
Retención o mal procedimiento en el secuestro de teléfonos celulares de los adultos presentes en la cabaña
Traslado inmediato del comisario que encabezó el operativo
Demora significativa en la suspensión del oficial involucrado
Serbín señaló: ‘’cuando aparecen policías involucrados, lo primero que hay que hacer es apartar a la fuerza local de la investigación. Esto todavía no sucedió. La justicia federal debe evaluar eso con urgencia’’.
Alameda sostiene que el delito de trata, por definición, es de competencia exclusivamente federal, porque:
Afecta derechos humanos básicos
Suele involucrar redes o cadenas de participación
Requiere protocolos de intervención específicos
Exige protección garantizada de la víctima
‘’Si se confirma que hubo encubrimiento, la justicia federal debería pedir la causa y reiniciar la investigación desde cero para evitar contaminación de pruebas’’, explicó Serbín.
La organización fue contundente respecto a la necesidad de cuidar a la joven y evitar su exposición institucional y mediática: ‘’la víctima es una persona vulnerable y su bienestar debe estar en el centro. Lo primero que se hace en un caso de trata es activar el Programa de Rescate, que envía equipos profesionales especializados. Eso no ocurrió en tiempo y forma. La prioridad es protegerla y acompañarla’’.

Serbín subrayó que el caso no debe discutirse solo en clave policial: ‘’no alcanza con actuar después del daño. La prevención es comunitaria: escuelas, familias, municipios. La línea 145 existe para esto: es gratuita, anónima y funciona las 24 horas’’.
La denuncia ante PROTEX fue presentada ayer miércoles por la mañana, y según la Alameda, la investigación ya habría comenzado en etapa preliminar, aunque por protocolo se mantiene bajo estricta reserva.

El caso aún se encuentra en desarrollo, pero los elementos aportados en los últimos días desplazan la lectura inicial de un episodio aislado y lo ubican dentro de un posible entramado de captación, sometimiento, explotación y protección informal dentro de estructuras estatales.



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