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El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron un estudio que analiza qué ocurre con el trabajo migrante temporario en el agro argentino, quiénes lo protagonizan, dónde se concentra, cuándo se desarrolló la investigación, por qué es relevante y cómo impacta en el mercado laboral. El informe, elaborado durante 2025, examina la realidad de trabajadores rurales que se trasladan por temporadas entre provincias como Misiones, Tucumán y Mendoza, con el objetivo de identificar problemáticas estructurales y proponer políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y empleo.
La investigación, titulada “Oportunidades y desafíos para mejorar la vida laboral de las personas trabajadoras migrantes temporarias en la agricultura argentina”, posiciona a la migración rural como un fenómeno estructural ligado a la estacionalidad de las cosechas. En ese contexto, el relevamiento detecta que muchos trabajadores enfrentan situaciones de informalidad, precariedad habitacional y dificultades para acceder a derechos laborales básicos y protección social.
El trabajo se apoyó en una metodología cualitativa, con 24 entrevistas a actores clave del sector, incluyendo funcionarios, empleadores y representantes sindicales. El análisis se centró en provincias con alta movilidad laboral agrícola como Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires, además de considerar circuitos migratorios frecuentes que involucran a Corrientes, Catamarca y Neuquén.
Desde el organismo, José Voytenco destacó que la generación de conocimiento es clave para fortalecer los derechos de los trabajadores agrarios, mientras que Abel Guerrieri remarcó la importancia de impulsar políticas que promuevan empleo formal e inclusivo en el ámbito rural.
El informe también incorpora datos administrativos del RENATRE y documentos técnicos de la OIT, lo que permitió dimensionar la magnitud y características actuales del trabajo migrante en el campo argentino. En esa línea, Sara Luna Camacho subrayó que el diálogo social resulta fundamental para diseñar estrategias que garanticen condiciones de trabajo decente.
Con esta publicación, ambos organismos buscan sentar bases para futuras políticas públicas, orientadas a reducir la informalidad, mejorar la calidad del empleo y avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más equitativo y sostenible.
