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El Gobierno nacional presentó el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental durante el Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental, con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema sanitario, especialmente en casos de trastornos severos.
La iniciativa fue expuesta por Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, quien planteó la necesidad de modificar criterios actuales para garantizar tratamientos oportunos y evitar situaciones críticas que hoy no encuentran respuesta adecuada.
Entre los principales cambios, se propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un enfoque situacional, ampliar la red de atención con hospitales generales y especializados, y reforzar el seguimiento de pacientes externados.
En ese marco, Misiones formó parte de los primeros encuentros técnicos convocados por Nación, junto a otras jurisdicciones, para analizar los lineamientos del proyecto y plantear observaciones desde una mirada federal.
Advertencias desde Misiones
En paralelo al debate nacional, el director de Salud Mental de la provincia, Nicolás Aranda, ya había planteado reparos sobre algunos puntos de la reforma, especialmente en torno al sistema de internaciones.
Según explicó, uno de los cambios en análisis es reemplazar el criterio actual por el de “riesgo de vida para sí o para terceros”, lo que podría aportar mayor claridad en la toma de decisiones. “El concepto vigente es ambiguo y puede interpretarse de distintas maneras”, señaló.
Sin embargo, advirtió sobre un posible efecto negativo: la concentración de decisiones en el psiquiatra.
“Volver a darle todas las facultades de la internación solamente al psiquiatra nos va a traer un problema”, sostuvo, al remarcar que existe una fuerte escasez de profesionales en el sistema público, lo que podría dificultar la aplicación de la norma.
Aranda también expuso una situación frecuente en la práctica: pacientes que al momento de la evaluación se encuentran estables y no cumplen criterios de internación, pero luego recaen. “Ahí es donde la familia queda desprotegida”, reconoció.
Falta de control y desafíos estructurales
Otro de los puntos señalados por el funcionario es la necesidad de avanzar en la creación de un órgano de revisión de internaciones, previsto en la legislación vigente pero aún no implementado en la provincia.
“Es una deuda pendiente que tenemos que trabajar”, afirmó, al tiempo que indicó que se analizan alternativas para su funcionamiento, ya sea bajo la órbita del Poder Judicial u otras áreas del Estado.
Mientras el proyecto nacional continúa en etapa de discusión y consultas con las provincias, desde Misiones anticipan que el principal desafío no será solo normativo, sino también estructural, vinculado a recursos humanos, organización del sistema y capacidad de respuesta ante situaciones complejas.
