El Gobierno nacional comenzó a activar formalmente la maquinaria política para avanzar con la reforma laboral, uno de los ejes centrales del programa de reformas que impulsa la administración del presidente Javier Milei, en un escenario atravesado por negociaciones parlamentarias complejas, gestiones con gobernadores y una creciente resistencia sindical que amenaza con trasladar el debate del Congreso a las calles.
En ese marco, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, inicia este martes las primeras reuniones del año con representantes de otras bancadas, con el objetivo de acercar posiciones y construir los consensos necesarios para tratar el proyecto durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Primeros diálogos en el Senado y estrategia del oficialismo
Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes legislativas, los primeros intercambios se realizarán de manera virtual, como parte de una estrategia gradual que combina contactos informales con encuentros más estructurados. Bullrich ya mantuvo conversaciones preliminares con algunos senadores en las últimas horas, en un intento por medir el clima político en la Cámara alta, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y necesita articular acuerdos transversales.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como proyecto de “Modernización Laboral”, apunta a introducir modificaciones en el régimen de trabajo vigente, con el argumento de actualizar normas, promover el empleo formal y reducir la litigiosidad. Sin embargo, desde la oposición y el sindicalismo advierten que se trata de una reforma estructural con impacto directo sobre los derechos laborales consolidados.
Santilli y la búsqueda de respaldo territorial
En paralelo a las negociaciones en el Senado, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó la ronda de contactos con gobernadores, una pieza clave en la estrategia política del Gobierno para blindar el tratamiento legislativo del proyecto.
Esta semana, Santilli viajará a Corrientes y Misiones, donde mantendrá reuniones con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente. De obtener el respaldo de ambas provincias, la Casa Rosada alcanzaría el apoyo explícito de diez gobernadores, un número considerado estratégico para presionar sobre los bloques legislativos provinciales y aliados.
Hasta el momento, el Gobierno ya logró sumar el acompañamiento de ocho gobernadores, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), en una red de apoyos que combina afinidades políticas, acuerdos fiscales y negociaciones por obras y recursos.

La UOM convoca a gremios “duros” y se endurece la respuesta sindical
Mientras el oficialismo avanza en el plano institucional, el frente sindical comenzó a reorganizarse frente a lo que considera un avance directo sobre los derechos laborales. Este martes, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, encabezará un nuevo encuentro con dirigentes de gremios de la CGT que exigen una postura más dura frente a la reforma laboral.
La reunión está prevista para las 16 horas en la sede porteña de la UOM, en la calle Alsina, y reunirá a más de una veintena de sindicatos, entre ellos Luz y Fuerza, Aceiteros, Personal Aeronáutico (APA), Pilotos (APLA), la Federación Obrera Ceramista (FOCRA), además de gremios Viales, Mineros y Gráficos, entre otros.
Estos espacios ya se habían reunido la semana pasada, cuando resolvieron declararse “en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei” y convocar a un nuevo encuentro para definir líneas de acción concretas.
Debate interno y posible paro nacional
Entre las alternativas que se discutirán figura la adhesión a un paro nacional, convocado por ATE y gremios aliados, para el día en que el Senado trate el proyecto de modernización laboral, previsto para después de la primera semana de febrero.
Del encuentro también participarán sectores sindicales que no integran la CGT, como ATE, que adelantó que propondrá formalmente que los gremios presentes se sumen a la medida de fuerza que impulsarán los estatales cuando el proyecto llegue al recinto, según indicaron fuentes sindicales.
La posibilidad de un paro nacional vuelve a poner en tensión la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero, en un contexto económico marcado por la caída del poder adquisitivo, la recesión y la reconfiguración del mercado laboral.

Malestar en la cúpula de la CGT y estrategia dividida
La avanzada de los gremios más combativos generó incomodidad en la conducción de la CGT, donde algunos dirigentes cuestionan a Furlán por actuar de manera “inconsulta e inorgánica”, desafiando la línea más moderada del triunvirato, que hasta ahora apostó a canales de diálogo informal con gobernadores y legisladores como principal herramienta para frenar o morigerar el proyecto.
Durante la reunión de la semana pasada, los dirigentes más “díscolos” coincidieron en que la reforma debe enfrentarse desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político, sin descartar medidas de fuerza si el proyecto avanza sin modificaciones sustanciales.
En ese marco, calificaron la iniciativa del Ejecutivo como un “intento de flexibilización laboral” orientado a facilitar despidos en grandes empresas y a profundizar la destrucción del sistema productivo argentino, una definición que anticipa un conflicto de largo aliento.

Una agenda legislativa cargada y un febrero decisivo
Además de la reforma laboral, La Libertad Avanza busca avanzar durante febrero con otros proyectos sensibles, como la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad, ampliando así un frente de debates que atraviesan a todo el arco político y social.
Con el Congreso como epicentro, pero con fuertes repercusiones en las provincias y en el movimiento sindical, febrero se perfila como un mes clave para el Gobierno de Milei, que intenta ordenar su programa de reformas estructurales mientras enfrenta una resistencia gremial en proceso de articulación y una oposición que evalúa cómo posicionarse frente a un proyecto que promete redefinir el mapa laboral argentino.
Vuelos en alerta: venció la conciliación obligatoria y los controladores aéreos anuncian paros en febrerohttps://t.co/Bsgkp8LPiw pic.twitter.com/N85YNkFcYU
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