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El diputado nacional por Misiones Diego Hartfield afirmó que la discusión del Presupuesto nacional es “muy importante” porque le da marco legal a una decisión política central del Gobierno: sostener el superávit fiscal. Según explicó en el programa Arriba la radio por Radio Up, el presupuesto funciona como la “ley de leyes” y cumple un rol clave al autolimitar al propio Estado, evitando que gaste más de lo que recauda.
Hartfield comparó el escenario actual con experiencias anteriores y recordó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, se impulsó un plan de reducción del déficit fiscal que fue gradual y que finalmente no logró alcanzar el superávit. En cambio, sostuvo que la actual administración avanzó de manera más rápida y contundente, con resultados visibles, especialmente en materia inflacionaria.
“El superávit fiscal ya no está en discusión”, remarcó el legislador, al señalar que el ordenamiento de las cuentas públicas es la base para estabilizar la economía y dejar atrás un ciclo de desequilibrios que, según su análisis, se arrastra desde hace más de una década.
Inflación, estancamiento y impacto social
En ese marco, Hartfield advirtió que Argentina no crece desde hace 15 años y que mantiene niveles de Producto Bruto Interno similares a los de 2011. A su entender, la inflación generó durante años una “sensación artificial de movimiento”, impulsada por la emisión y el gasto, que no se tradujo en crecimiento real.
Ese proceso, explicó, terminó afectando especialmente a los sectores más vulnerables, que deben gastar rápidamente sus ingresos para no perder poder adquisitivo. “El presupuesto pone el foco en el equilibrio fiscal porque es la condición necesaria para salir de ese círculo vicioso”, sostuvo.
La derogación de las emergencias y la cuestión del financiamiento
Uno de los puntos más sensibles del debate presupuestario es la derogación de artículos vinculados a emergencias, entre ellas discapacidad y universidades. Sobre ese tema, Hartfield fue categórico: señaló que esas leyes fueron mal concebidas porque nunca establecieron de dónde saldrían los recursos para financiar el gasto que implicaban.
Explicó que la administración financiera del Estado es clara al respecto: cuando el Congreso sanciona una ley que genera un gasto, debe indicar su fuente de financiamiento. “Eso nunca se hizo”, afirmó, y sostuvo que esa omisión vuelve inaplicable la norma.
En ese sentido, respaldó la decisión del presidente de avanzar en la derogación de esos artículos y sostuvo que, más allá del impacto político del debate, el eje debe ser el cumplimiento de las reglas fiscales y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
Mandato electoral y rumbo económico
Hartfield enmarcó estas decisiones dentro del mandato popular surgido de las últimas elecciones. Recordó que cerca del 40% del electorado eligió un modelo de gobierno que planteó explícitamente el recorte del gasto, el superávit fiscal, la desregulación del Estado y el fin de la emisión monetaria para financiar el déficit.
“Estamos siguiendo el rumbo que eligió la gente”, afirmó, y agregó que el objetivo es convencer a otros bloques legislativos, aun reconociendo que existen disidencias, como ocurrió con el voto de representantes misioneros en algunos artículos.
Equilibrio fiscal, confianza y actividad
Para el diputado, el orden fiscal no es un fin en sí mismo, sino la condición para recuperar la confianza. Señaló que durante décadas los argentinos acumularon experiencias negativas que los llevaron a desconfiar del sistema financiero y del Estado, optando por ahorrar fuera del circuito formal.
En ese punto, vinculó el equilibrio macroeconómico con la necesidad de reactivar la actividad productiva. Afirmó que la pobreza no se combate únicamente con asistencia social, sino con crecimiento, inversión y trabajo, y que para eso es indispensable un país previsible, con reglas claras y cuentas ordenadas.
Expectativas económicas y agenda legislativa
Hartfield también se refirió al contexto macroeconómico y expresó su expectativa de estabilidad cambiaria, al diferenciar el funcionamiento de las bandas cambiarias de una supuesta actualización automática del tipo de cambio por inflación. Según indicó, el objetivo es reducir la volatilidad y dar previsibilidad a importadores y exportadores.
De cara al futuro, proyectó un 2026 con crecimiento económico, siempre que se mantenga el orden macroeconómico y no haya turbulencias políticas. En cuanto a la agenda legislativa, adelantó que, tras el tratamiento del Presupuesto, uno de los temas centrales será la modernización laboral, que comenzará a debatirse en el Senado y luego pasará a la Cámara de Diputados.