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El avance acelerado de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana, la economía y los entornos digitales abrió un nuevo debate en el Congreso argentino, donde el diputado nacional Digo Giuliano presentó un proyecto de ley para regular el uso de la IA y establecer un marco de protección de los datos personales y los derechos humanos.
La propuesta, que toma como referencia el modelo europeo aprobado en 2024, busca equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad de los ciudadanos, ante el crecimiento de sistemas automatizados que ya intervienen en decisiones económicas, sociales y comunicacionales. Según se detalla en los fundamentos del proyecto, el objetivo es evitar que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta de vigilancia masiva o explotación de información privada.
El proyecto plantea la creación de un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, que estará bajo la órbita de una autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo. Las empresas y desarrolladores que deseen operar en Argentina deberán inscribir sus sistemas, informar sus objetivos, los algoritmos utilizados, las medidas de seguridad y someterse a una evaluación de impacto previa a su implementación.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo: alto, medio o bajo, lo que permitirá aplicar controles más estrictos a aquellas tecnologías que puedan afectar derechos fundamentales. La autoridad de aplicación tendrá facultades para realizar auditorías, solicitar información y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
Además, el proyecto establece la prohibición de sistemas de IA que utilicen técnicas manipuladoras o subliminales, que exploten vulnerabilidades de personas por edad o condición social, que realicen puntuación social o categorización biométrica por raza, religión u orientación sexual, así como también tecnologías de reconocimiento facial masivo o predicción de delitos basada en perfiles personales.
En los fundamentos, Giuliano advierte que la inteligencia artificial no debe transformarse en una herramienta de explotación de datos personales, ya que el entrecruzamiento de registros digitales puede generar perfiles detallados de cada ciudadano y poner en riesgo la vida privada. En ese sentido, remarca que la legislación debe garantizar el derecho a la intimidad y la protección de la privacidad, principios establecidos en la Constitución Nacional.
La iniciativa también prevé que los sistemas de inteligencia artificial que ya estén en funcionamiento deberán adaptarse a la normativa en un plazo máximo de seis meses, con el objetivo de asegurar que todas las tecnologías cumplan con los estándares de transparencia y seguridad.
El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial genera posiciones encontradas dentro del ámbito político y tecnológico. Mientras algunos sectores sostienen que una regulación estricta podría frenar la innovación y el desarrollo económico, otros consideran que la falta de normas claras puede derivar en riesgos para la democracia, los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.
Con este proyecto, el Congreso argentino comienza a dar los primeros pasos en la discusión de una legislación específica sobre inteligencia artificial, en un contexto global donde cada vez más países buscan establecer reglas claras para el desarrollo de tecnologías que ya están transformando la vida social, económica y política.
