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Los alquileres en Misiones registraron en julio subas que, en muchos casos, superan el 100%, según lo advirtió Adrián Torres, presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, en declaraciones al programa “Arriba la radio” por Radio Up. A los incrementos periódicos pactados en contratos –trimestrales o semestrales– se suma la renovación a nuevos valores, en un mercado que funciona sin regulación, con alta informalidad y creciente especulación.
“Los aumentos trimestrales o semestrales rondan entre el 40% y el 80%. Pero cuando finaliza un contrato, se firma uno nuevo con otro precio, lo que genera un segundo aumento. Así, los aumentos totales superan el 100%”, explicó Torres.
Subas dobles para inquilinos en Misiones
El fenómeno se agrava porque, ante la imposibilidad de pagar, muchos inquilinos son desplazados. “En muchos casos, la gente vuelve a la casa de sus padres, se muda con familiares o comparte monoambientes. Algunos directamente se organizan cooperativamente para poder alquilar”, señaló.
Torres remarcó que la carga siempre recae sobre el inquilino, mientras que el propietario impone condiciones o cambia de inquilino según su conveniencia: “Si no se llega a un acuerdo, directamente buscan otro inquilino. La propiedad se alquila a nuevo valor y listo”.
Falta de control y mercado negro creciente
Uno de los problemas centrales es la falta de estadísticas oficiales sobre el mercado de alquileres. “No hay forma de saber cuántas viviendas están alquiladas, ni a qué precio. Mucho se maneja en el mercado negro, fuera de las inmobiliarias y sin controles”, explicó. Esto también afecta la posibilidad de diseñar políticas públicas con base en información real.
Además, crecen las situaciones en las que los propietarios imponen cláusulas discriminatorias o abusivas, como la prohibición de niños o mascotas. “Eso viola otros derechos, como el de los chicos. El problema es que no hay mecanismos de defensa accesibles, salvo recurrir a la justicia ordinaria, lo cual es inviable para la mayoría de los inquilinos”.
Sin ley nacional
Frente a la derogación de la Ley de Alquileres a nivel nacional, Torres señaló que las provincias no tienen la posibilidad de legislar el tema y que corresponde a la Nación hacerlo. Sin embargo, propuso que “Se puede establecer una Defensoría del Inquilino, generar regulaciones mínimas para contratos justos y con equilibrio entre partes. Pero no hay voluntad política ni interés de los legisladores”.
“La gente que alquila necesita reglas claras, y los propietarios no pueden tener rienda suelta para imponer lo que quieran”, indicó.
Garantías imposibles y especulación inmobiliaria
Otro punto crítico es el acceso a garantes: se exige que ganen el doble o triple del valor del alquiler, algo cada vez más difícil en un contexto de empleo informal y salarios bajos. Esto desalienta el alquiler formal y empuja a miles de personas a la informalidad.
Al mismo tiempo, muchas propiedades y locales permanecen vacíos por especulación: “Si una casa o local está vacía hace un año, es porque el dueño no necesita alquilarla. La propiedad se convierte en activo financiero, no en una solución habitacional”.
El alquiler se lleva más del 60% del ingreso
Según datos de la Asociación de Inquilinos, actualmente más del 60% del ingreso mensual de una persona se destina al pago del alquiler. Esto vuelve insostenible cualquier proyecto familiar y contradice los discursos que celebran una baja inflación.
“La inflación que muestran los medios es una mentira. Los precios no bajaron, ni en supermercados ni en servicios. Y los alquileres siguen subiendo”, denunció.
