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La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil representa uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en materia de justicia para adolescentes en Argentina. En Misiones, el Poder Judicial ya trabaja en la adecuación de sus estructuras y en la articulación con distintos organismos para garantizar la aplicación efectiva de la normativa a partir del próximo 5 de septiembre.
En diálogo con Realidad Mixta de Radio Up, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, explicó que la reforma reemplaza a la Ley 22.278, vigente desde 1980, y que incorpora modificaciones profundas en el abordaje de los conflictos penales protagonizados por menores de edad.
“Se trata de un cambio significativo en lo que es el régimen penal juvenil”, sostuvo el magistrado al referirse a la nueva Ley 27.801, sancionada este año.
Si bien la modificación más conocida por la opinión pública es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, Díaz advirtió que el alcance de la reforma es mucho más amplio.
“Hoy un menor empieza a ser imputable a los efectos penales desde los 14 años. Y eso es realmente una incorporación, si se quiere, de muchos jóvenes a lo que es el ámbito del tratamiento en el marco de la justicia penal”, explicó.
Un sistema distinto al de los adultos
El ministro insistió en que la aplicación de la ley para adolescentes tiene características muy diferentes al sistema penal destinado a personas mayores de edad.
“No es lo mismo aplicar una pena a un mayor o darle un abordaje desde el derecho penal respecto a los jóvenes. Porque en el caso de los jóvenes, la finalidad primordial, esencial, es la resocialización”, afirmó.
En ese sentido, recordó que los adolescentes todavía atraviesan procesos de desarrollo y maduración que deben ser contemplados por el sistema judicial.
“Como es una persona que todavía no alcanza su total maduración, la respuesta penal es sustancialmente diferente que respecto a los mayores”, señaló.
Por ello, desde el Superior Tribunal de Justicia se diseñó una estrategia de implementación apenas fue sancionada la norma.
“Estamos haciendo un abordaje para preparar nuestras estructuras, para preparar los equipos de trabajo y para articular la coordinación que es necesaria con otros organismos del Estado”, indicó.
Además, remarcó que el desafío no se limita a la sanción de una ley: “Una cosa es lo que se prescribe en una norma, pero esa norma por sí sola muchas veces no es operativa. Entonces, tratamos de acompañarla con las herramientas correspondientes para que tenga efecto”, expresó.
Concientización en las escuelas
Otro de los ejes de trabajo está centrado en la prevención y la difusión de los alcances de la nueva legislación entre adolescentes y sus familias.
Díaz explicó que muchos de los jóvenes involucrados en conflictos con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad social, aunque aclaró que la problemática también alcanza a estudiantes que cursan normalmente la escuela secundaria.
“Un joven adolescente, en lo que piensa que puede llegar a ser alguna broma o una travesura, puede llegar a tener consecuencias penales muy serias ya a partir de los 14 años”, advirtió.
Por esa razón, el Poder Judicial incorporó la temática dentro del programa Jueces en la Escuela, que busca acercar información a estudiantes y docentes.
“Evidentemente también hay que hacer una concientización en los jóvenes y en los padres, que no pierden la responsabilidad por el hecho del menor”, remarcó.
Los riesgos del mundo digital
Por otra parte, el ministro también se refirió al crecimiento de los delitos vinculados al uso de la tecnología y a la necesidad de que los adultos acompañen más de cerca a niños y adolescentes en el entorno digital.
“El avance de la tecnología trae amplias consecuencias positivas en la vida social, pero también acarrea sus riesgos y esos riesgos tienen un mayor impacto en los jóvenes”, explicó.
Según Díaz, la falta de experiencia y madurez vuelve a los adolescentes especialmente vulnerables frente a amenazas que muchas veces se desarrollan dentro del ámbito doméstico.
“Hoy los riesgos muchas veces están adentro de la casa de uno con el niño enfocado en un celular”, alertó.
Por ello, recomendó que padres y educadores mantengan una presencia activa en el uso de dispositivos y plataformas digitales.
“Tiene que haber una presencia, un acompañamiento y por qué no una vigilancia también de esas actividades que está haciendo el niño o adolescente”, sostuvo.
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Una red institucional para la reintegración
De cara a la entrada en vigencia de la ley, el Poder Judicial convocó a representantes de los distintos poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil para diseñar los protocolos de actuación.
“El Poder Judicial tiene un rol preponderante en la aplicación de la norma, pero no puede realizar esta tarea de manera aislada”, afirmó Díaz.
En ese marco, destacó la participación de organismos como los ministerios de Educación, Trabajo, Salud Pública, Deportes y Desarrollo Social, además de la Secretaría de Prevención de Adicciones, el Consejo General de Educación y distintas organizaciones religiosas.
“Hay que articular una red de actores, una trama que permita hacer ese trabajo de contención tan importante para que los jóvenes salgan de alguna manera de ese camino en el cual cometieron un error, pero todavía se están formando”, concluyó.
La industria metalúrgica profundiza su crisis: la capacidad ociosa alcanzó niveles similares a los de la pandemiahttps://t.co/rrUylLv5aM pic.twitter.com/izrlxzJs9M
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