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El DNU 70/2023, firmado por Javier Milei y publicado el 20 de diciembre de 2023, no sólo modificó normas: reordenó el mapa de poder dentro de la cadena yerbatera. Su impacto se siente con fuerza en Misiones y Corrientes, sobre todo en las chacras de pequeños y medianos productores, que hoy denuncian trabajar por debajo de sus costos, mientras la industria y el sector exportador consolidan posiciones.
Hasta ese momento, la actividad yerbatera estaba fuertemente vinculada a dos marcos legales: la Ley 25.564, que creó y reguló el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), y la Ley 27.114, que impulsaba el envasado en origen para agregar valor en la zona productora. El DNU 70/2023 derogó la segunda y modificó artículos clave de la primera, desarmando en pocos trazos un esquema que había surgido precisamente como respuesta a los efectos de la desregulación de los años 90.
Qué cambió el DNU 70/2023 en el esquema yerbatero
Durante más de dos décadas, el INYM fue mucho más que un organismo de promoción. Tuvo un rol estratégico: dos veces al año reunía a todos los eslabones de la cadena para fijar el precio de la hoja verde y de la yerba canchada. Si no había acuerdo, el expediente terminaba en la Secretaría de Agricultura, que dictaba un laudo y establecía un precio mínimo obligatorio. Ese mecanismo, con todos sus conflictos, le daba al productor una referencia de piso para negociar y evitaba que el valor quedara librado al poder discrecional de los grandes molinos. Muchas veces era deficiente, pero era una gran garantía.
Además, el instituto llevaba registros obligatorios de productores, secaderos, acopiadores e industrias, promovía cooperativas y formas asociativas como herramienta para equilibrar la balanza frente a los actores más fuertes y podía aplicar medidas para equilibrar oferta y demanda, regulando la cosecha y evitando una sobreproducción que derrumbara los precios en chacra.
Con el DNU 70/2023, todo ese entramado empezó a desarmarse. El decreto eliminó la facultad del INYM para fijar precios y regular cantidades, relajó o directamente anuló los registros de identificación a lo largo de la cadena, corrió del centro la promoción de formas asociativas y cooperativas entre productores y desactivó en la práctica los mecanismos que permitían ordenar la oferta para proteger al sector primario. Además, derogó el régimen de envasado en origen previsto en la Ley 27.114, que buscaba que una porción mayor de la renta yerbatera quedara en Misiones y Corrientes, y no se concentrara exclusivamente en los grandes jugadores industriales.
Al mismo tiempo, el Gobierno redefine el rol del instituto: ya no como ente de regulación económica, sino como organismo técnico, volcado al control de calidad y a la promoción del consumo, siguiendo el modelo del Instituto Nacional de la Vitivinicultura. El mensaje es claro: menos Estado fijando reglas y más “libertad de mercado”.
Un mercado cada vez más concentrado
La desregulación no llega a un terreno neutral, sino a un sector donde el nivel de concentración industrial ya era muy alto. Distintos informes señalan que tres molinos concentran cerca del 49,5% del mercado, y que al menos dos de ellos tienen base en Corrientes, aunque la mayor parte de la materia prima surge de chacras misioneras.
La eliminación de precios de referencia, la relajación de registros y la pérdida de herramientas para ordenar la producción fortalecen a esos grandes jugadores. Los molinos con mayor espalda financiera y capacidad de almacenamiento pueden imponer condiciones, mientras miles de pequeños y medianos productores, atomizados y con escaso poder de negociación, quedan atrapados entre costos en alza y compradores que presionan hacia abajo el precio de la hoja verde.
En este escenario, el “libre mercado” se parece más a un juego donde unos pocos negocian desde la abundancia y los demás lo hacen desde la necesidad. Y cuando eso ocurre, la libertad no se reparte en partes iguales.
Caída del precio de la hoja verde: números que duelen
La consecuencia más visible para las chacras es la caída del precio de la hoja verde, justo en un contexto de alta inflación y aumento generalizado de costos.
En 2024, estimaciones y relevamientos del sector indican que se cosecharon alrededor de 100 millones de kilos de hoja verde, pero que, en promedio, los productores cobraron aproximadamente 200 pesos menos por kilo de lo que sugerían las grillas de costos del INYM. Esa diferencia, proyectada sobre el total de la producción, supone una pérdida del orden de los 200.000 millones de pesos para el sector primario.
Al mismo tiempo, distintos estudios y reclamos sectoriales señalaban que el precio de equilibrio para no trabajar a pérdida rondaba los 350 a 375 pesos por kilo, mientras que los valores que efectivamente se pagaban se movían, en muchos casos, entre 160 y 200 pesos, incluso con cheques diferidos a 30, 60 o 90 días, lo que licúa aún más el ingreso real del productor.
En algunos momentos de la crisis, en el marco de negociaciones con la provincia, se habló de un precio “sugerido” de 450 pesos por kilo de hoja verde, pero la mayoría de los testimonios de chacra coinciden en que ese valor casi no apareció en las liquidaciones reales. La brecha entre lo que dicen las grillas y lo que llega al bolsillo se convierte, en los hechos, en renta que se concentra aguas arriba de la cadena.
Mientras tanto, en góndola, la yerba mate se mantiene en niveles altos o con ajustes moderados. El productor ve algo difícil de digerir: el consumidor paga caro, pero la materia prima se paga barato. Es la clásica pinza de las economías regionales: el margen se agranda para el sector industrial y comercial, mientras el eslabón que inicia el proceso se queda con la parte más chica.
Costos en alza, ingresos en baja
La caída del precio de la hoja verde pega de lleno en un contexto en el que todos los costos suben. Uno de los principales es el combustible: gasoil y nafta registraron aumentos muy superiores al 200% en un año, lo que encarece cada viaje al yerbal, cada traslado de la cosecha y cada tarea con maquinaria.
A eso se suman los insumos agrícolas –fertilizantes, agroquímicos, herramientas, repuestos–, que también acompañaron o superaron la inflación general. Y, por supuesto, la clásica “provista” fiada en almacenes de pueblo y negocios rurales, que sostiene la vida cotidiana de las familias hasta la próxima cosecha, también se encareció, dejando a muchos productores atrapados en un ciclo de deuda permanente.
En el medio, los tareferos –los trabajadores que ponen el cuerpo en la cosecha– reclaman mejores salarios y mayor formalización, y lo hacen con razón. Pero el productor, que ya cobra poco por su yerba, enfrenta la presión de aumentar jornales para mantener su equipo de trabajo, sin poder trasladar esos mayores costos al precio que recibe de la industria. Así, el margen se estrangula desde ambos lados: lo que entra es poco y lo que sale es cada vez más.
El resultado es un escenario recurrente de endeudamiento y fragilidad económica: productores que se atrasan con bancos, cooperativas, acopiadores o comercios; chacras que se hipotecan y, en el peor de los casos, se venden de apuro, alimentando otro proceso silencioso pero persistente: la concentración de la tierra.
Protestas, cortes de ruta y paro de cosecha
En este contexto, la conflictividad social se volvió inevitable. A lo largo de 2024 y principios de 2025 se multiplicaron los cortes de ruta, los bloqueos a secaderos y las protestas frente a molinos en distintos puntos de Misiones. Zonas como San Pedro se transformaron en símbolo de resistencia, con asambleas de productores que resolvieron no entregar hoja verde hasta lograr un precio que al menos cubriera sus costos.
Durante la llamada zafriña, el paro de cosecha funcionó como una señal fuerte hacia la industria y el Estado: si el precio ofrecido no alcanza, la única herramienta real de presión que tiene el productor es retener su producto. Pero esa decisión también tiene un costo: la hoja se pasa, la planta sufre y la familia se queda sin ingresos inmediatos, lo que habla del nivel de desesperación al que muchos llegaron.
En marzo de 2025, algunas organizaciones productivas advirtieron incluso que, de persistir el pago de precios “viles” y en condiciones de financiamiento abusivas, podía llegar a haber desabastecimiento en las góndolas, no por falta de producción, sino porque los productores se negaban a entregar su hoja verde a pérdida.
En todas esas protestas, el reclamo de fondo se repite: recuperar herramientas de regulación, recomponer el precio de la hoja verde de acuerdo con la grilla de costos del INYM y frenar la concentración industrial que deja a miles de familias al borde del colapso.
El rol del INYM: de regulador estratégico a organismo vaciado
En medio de esta disputa, el INYM quedó en el ojo de la tormenta. Aunque una cautelar judicial frenó parcialmente la aplicación del DNU sobre la Ley 25.564 y mantuvo algunas facultades del organismo durante parte de 2024, en la práctica su poder de intervención nunca volvió a ser el mismo.
El instituto atravesó períodos de acefalía, cambios de conducción, tensiones internas y acusaciones de vaciamiento. Para el Gobierno nacional, el INYM debía “modernizarse”, desprenderse de la facultad de fijar precios y concentrarse sólo en tareas técnicas, como el control de calidad y la promoción del consumo. Para una parte importante del sector productivo y político de Misiones, en cambio, esa redefinición equivalía a desactivar el corazón del organismo.
Como contrapeso, la provincia de Misiones anunció la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM), con el objetivo de recuperar, a nivel local, parte del poder de regulación perdido a nivel nacional y “defender la economía de los pequeños y medianos productores”. El nuevo organismo busca construir herramientas propias para fijar referencias de precio y ordenar la producción, aunque su alcance y eficacia todavía están en etapa de definición.
El argumento oficial: más producción, más exportaciones, menor precio al consumidor
Del otro lado del mostrador, el Gobierno nacional exhibe cifras que, a su juicio, respaldan la desregulación. Funcionarios y voceros destacan que, luego del DNU 70/2023, la producción yerbatera habría aumentado en torno al 29% en 2024, alcanzando volúmenes récord, al mismo tiempo que las exportaciones crecieron alrededor de un 17%, también acercándose a marcas históricas.
Además, señalan que el precio de la yerba mate en góndola habría bajado en términos reales, es decir, que aumentó menos que la inflación, lo que implicaría una mejora para “millones de consumidores” que encontraron el paquete algo más accesible en la góndola del supermercado. Esa combinación de más producción, más ventas al exterior y precios relativamente más bajos para el consumidor urbano es presentada como la prueba de que el mercado, liberado de las “interferencias” del Estado, funciona mejor.
Sin embargo, al observar la cadena completa aparece la otra cara de la moneda: para lograr esos indicadores, alguien absorbió el costo. Y los datos y testimonios indican que fueron, principalmente, los productores primarios quienes financiaron ese proceso, vendiendo su hoja verde por debajo de los costos de producción mientras la industria y los grandes exportadores capturaban la mayor parte de la renta generada.
Impactos sociales: tareferos, cooperativas y economías regionales
El DNU 70/2023 no sólo reconfiguró la relación entre productores e industria, sino que también tuvo impactos sociales más amplios. Los tareferos, tradicionalmente uno de los eslabones más vulnerables de la cadena, enfrentan una doble presión: por un lado, reclaman mejor salario y condiciones laborales más dignas; por otro, dependen de productores que ya están asfixiados económicamente. En ese contexto, se vuelve más difícil sostener herramientas como el subsidio interzafra, clave para atravesar los meses sin cosecha.
Las cooperativas yerbateras, que habían crecido como espacio de organización y defensa frente a los grandes molinos, pierden peso cuando se desactivan políticas públicas que promovían el asociativismo y cuando la lógica dominante vuelve a ser la negociación individual, productor por productor. Sin respaldo estatal, las cooperativas se ven expuestas a una competencia desigual con un puñado de empresas de gran escala.
En los pueblos del interior de Misiones, la yerba es la columna vertebral de la economía. Si el productor gana menos, compra menos. Si compra menos, los comercios venden menos. Y si los comercios venden menos, el círculo se cierra con menos empleo local, más deuda y una sensación creciente de fragilidad. La desregulación, entonces, no se siente sólo en el precio del kilo de hoja verde, sino en la vida cotidiana de miles de familias.
Un déjà vu de los años 90
Muchos dirigentes yerbateros, analistas y productores mayores encuentran en esta etapa un aire conocido. En los años 90, la desregulación del sector ya había provocado una crisis profunda, con precios derrumbados en chacra, endeudamiento masivo y una ola de protestas que tuvo en el famoso “tractorazo” uno de sus hitos más recordados. Aquella experiencia derivó, precisamente, en la creación del INYM como herramienta para poner límites a los abusos de la libre oferta y demanda.
Más de dos décadas después, el DNU 70/2023 devuelve a la cadena yerbatera a un punto muy similar al que se intentó corregir: un mercado altamente concentrado, un Estado que se retira de su rol arbitral y un productor que vuelve a recurrir a la ruta como último recurso para hacerse escuchar. La sensación de “déjà vu” no es sólo una metáfora: para muchos colonos, la película es prácticamente la misma, apenas con otros nombres propios y un nuevo envoltorio discursivo, esta vez bajo la bandera de la “libertad” económica.
Claves para el futuro del sector yerbatero
El debate abierto por este Decreto de Necesidad y Urgencia va mucho más allá de una discusión jurídica sobre la validez del decreto o la letra de tal o cual artículo. Lo que está en juego es cómo se distribuye la renta en una de las economías regionales más emblemáticas del país y quién fija las condiciones bajo las cuales trabajan miles de familias productoras en Misiones y Corrientes.
Las preguntas que sobrevuelan el futuro inmediato del sector son profundas:
- ¿Debe el INYM, o su posible reemplazo provincial recuperar la facultad de fijar precios y regular cantidades para evitar que el más fuerte imponga sus reglas?
- ¿Cómo evitar que tres o cuatro molinos terminen definiendo, en los hechos, el ingreso de decenas de miles de personas ligadas directa o indirectamente a la producción de yerba mate?
- ¿Qué tipo de políticas públicas se necesitan para que los tareferos y las cooperativas no sean los primeros en pagar el costo de cada ajuste?
- ¿Es sostenible un modelo que muestra récords de producción y exportación mientras deja al borde de la quiebra al eslabón que pone el cuerpo todos los días en el yerbal?
Mientras esas preguntas esperan respuesta, la realidad en las chacras es contundente: los efectos del DNU 70/2023 se sienten en el bajo precio de la hoja verde, en los costos que no paran de subir, en los cortes de ruta y en la angustia de productores que ven amenazado no sólo su ingreso, sino también su modo de vida.
Desde ese punto de vista, la desregulación no aparece como un salto hacia la modernidad, sino como el retorno a un viejo guion: el de un mercado donde la libertad se reparte de manera desigual y donde, una vez más, quien aró con esfuerzo el surco queda relegado frente a quienes, al final del camino, se llevan la mayor parte de la cosecha.
Decreto 812/2025: el golpe final a las facultades del INYM y la profundización de la crisis yerbatera
El Decreto 812/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce una nueva vuelta de tuerca en el proceso de desregulación del sector yerbatero. Después del DNU 70/2023, que ya había recortado atribuciones sensibles del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), este nuevo decreto avanza directamente sobre su marco reglamentario y limita de manera explícita su margen de acción sobre el mercado.
El 812/2025 modifica el Decreto 1240/2002, que reglamentaba el funcionamiento del INYM desde su creación mediante la Ley 25.564, y se inscribe de lleno en la lógica de “libre competencia” y “no intervención” que el Gobierno impulsa en todas las cadenas productivas. En la práctica, consolida al INYM como un organismo sin poder para corregir desequilibrios ni intervenir en defensa del eslabón más débil de la cadena: los pequeños y medianos productores.
Un INYM sin poder para incidir en precios ni en la competencia
El núcleo del Decreto 812/2025 está en la reforma del artículo 8° del Decreto 1240/2002. A partir de ahora, el INYM queda prohibido de dictar normas o adoptar decisiones que, según la letra del decreto:
- “Provoquen distorsiones en los precios de mercado”,
- “Generen barreras de entrada”,
- “Impongan restricciones a la libre iniciativa privada”,
- “Interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda” en el mercado de la yerba mate y sus derivados.
En otras palabras, el organismo no podrá influir sobre la formación de precios, ni sobre las condiciones de competencia, ni sobre el modo en que se relacionan la oferta y la demanda. Todo aquello que, en los hechos, significaba alguna capacidad de ordenar el mercado queda redefinido como una “distorsión” que debe evitarse.
El Gobierno justifica estos cambios bajo el argumento de “modernizar” al INYM y garantizar que no “entorpezca” lo que considera un mercado competitivo. Según los fundamentos oficiales, el Instituto debe concentrar sus tareas en “verificaciones de calidad”, controles técnicos y acciones de promoción, dejando por completo de lado cualquier acción que pueda incidir en los precios, en los volúmenes de producción o en la dinámica comercial del sector.
De este modo, el INYM pasa de ser un actor con capacidad de regulación económica a un organismo acotado, casi exclusivamente técnico y testimonial frente a las decisiones de los grandes jugadores industriales y comerciales.
30 días para desarmar su propia capacidad de intervención
El decreto no sólo limita hacia adelante, sino que también obliga al INYM a revisar su historia reciente. En una de sus disposiciones, ordena al organismo a realizar, en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma, un relevamiento y adecuación de toda su normativa interna que pueda contradecir las nuevas restricciones.
Esto implica que el INYM debe revisar y, en su caso, derogar o modificar reglamentos internos, resoluciones, normas de control, y mecanismos de organización del mercado que, hasta ahora, formaban parte de su caja de herramientas.
En la práctica, el Instituto queda obligado a desarmar por sí mismo buena parte de los instrumentos que utilizó durante años para ordenar la cadena yerbatera: regulaciones sobre cosecha, exigencias de registro, condiciones para operadores, sanciones, criterios de transparencia y trazabilidad. Todo lo que pueda ser interpretado como “interferencia” con la libre operación del mercado queda bajo sospecha.
Se eliminan diez artículos clave del decreto original
El Decreto 812/2025 también avanza con una poda directa sobre el cuerpo normativo que regulaba al INYM. Deroga los artículos 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto 1240/2002, que abarcaban funciones operativas y normativas del organismo.
Esos artículos, en conjunto, definían el modo en que el Instituto podía organizar sus mecanismos de control sobre productores, secaderos, industriales y comercializadores, establecer reglas de juego dentro de la cadena y aplicar ciertas condiciones y límites para ordenar el funcionamiento del mercado.
Al eliminar esos segmentos, el nuevo decreto desarticula buena parte de la estructura regulatoria que le daba al INYM la capacidad de equilibrar la relación entre un número reducido de grandes industrias y miles de pequeños productores.
La medida entra en vigencia desde el día siguiente a su publicación, es decir, el 19 de noviembre de 2025, acelerando el impacto sobre un sector que ya venía golpeado por la desregulación iniciada con el DNU 70/2023.
Un organismo reducido al mínimo en plena crisis yerbatera
El INYM, con sede en Misiones y jurisdicción nacional, fue creado como un ente público no estatal para promover el desarrollo de la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate, con una lógica de equilibrio entre los distintos actores de la cadena. Esa misión ya había sido alterada cuando el DNU 70/2023 le quitó la facultad de fijar precios de la hoja verde y yerba canchada, reformuló sus competencias y abrió paso a una desregulación profunda.
El Decreto 812/2025 aparece entonces como un complemento y una profundización de ese proceso: si el DNU recortó las facultades legales, el nuevo decreto termina de ajustar la reglamentación, bloqueando cualquier intento futuro del Instituto de volver a influir sobre precios, condiciones de competencia, ordenamiento de la producción, y mecanismos de protección para el pequeño productor.
Así, en el mismo momento en que se agrava la crisis en las chacras, el organismo que históricamente funcionó como punto de referencia y espacio de negociación entre eslabones de la cadena queda reducido casi a un rol de control de calidad y promoción, sin herramientas reales para corregir abusos ni intervenir en conflictos.
La mirada desde las chacras: “La destrucción de la actividad yerbatera es tremenda”
Mientras el Gobierno habla de modernización y libre competencia, desde el territorio la lectura es diametralmente opuesta. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, resume el clima que se vive en las colonias con una frase contundente: “En menos de dos años, la destrucción de la actividad yerbatera ha sido tremenda”.
Sand sostiene que la desregulación impulsada por Javier Milei provocó un quiebre en la cadena de pagos, profundizó la crisis productiva y dejó a los pequeños colonos “en riesgo de perder sus tierras”. Según su mirada, las medidas se diseñaron favoreciendo a las empresas más grandes y dejando al resto del sector “sin herramientas para defenderse”.
En su descripción del impacto concreto, el dirigente advierte que, en la zona centro de Misiones, se está pagando alrededor de 150 pesos el kilo de hoja verde. Frente a eso, estima que el costo real de producción ronda los 800 pesos por kilo. La cuenta es demoledora: un colono que entrega 10.000 kilos en febrero o marzo recibe 1,5 millones de pesos, cuando debería estar percibiendo alrededor de 8 millones para cubrir sus costos sin siquiera hablar de rentabilidad.
Sand recuerda además que, antes de la desregulación, se discutía un precio de referencia en torno a los 60 centavos de dólar, mientras que hoy el valor percibido por el productor equivale a menos de 20 centavos. La brecha entre el discurso de libertad de mercado y la realidad del colono se hace visible en cada boleta de pago.
Concentración de tierras y desplazamiento social: un proyecto de largo plazo
Más allá de las cifras coyunturales, Sand advierte sobre un proceso de fondo: la concentración planificada de la tierra y de la renta. A su entender, la política de desregulación extrema está diseñada para facilitar un escenario en el que la yerba siga existiendo como actividad, pero bajo otras manos.
“La yerba va a seguir existiendo. Va a cambiar de mano solamente la materia prima. Va a haber una gran concentración de tierras en pocas manos. Es un proyecto político”, señala.
En este esquema, los pequeños y medianos productores corren el riesgo de terminar vendiendo sus chacras presionados por deudas, precios de miseria y falta de respaldo estatal. Ese desplazamiento territorial tiene una traducción social concreta: el éxodo desde el campo hacia las periferias urbanas.
Sand advierte también sobre lo que está ocurriendo con los obreros rurales: “Los obreros rurales se están yendo a Brasil. Ese espacio en los barrios periféricos va a ser ocupado por los pequeños productores, porque van a tener que vender sus tierras y vivir en esas villas de emergencia. Ese es el proyecto”.
El cuadro que describe es el de una reconfiguración social profunda: trabajadores rurales que migran en busca de mejores salarios del otro lado de la frontera y productores que, expulsados de sus chacras, terminarán engrosando los cordones de pobreza urbana.
Crítica política y sensación de abandono
El dirigente de APAM también apunta contra el silencio político y la falta de reacción frente al avance de los decretos. Por un lado, plantea que el Gobierno nacional incumplió sus responsabilidades al no designar a tiempo nuevas autoridades del INYM:
“Él tendría que haber nombrado un presidente del Instituto y, a partir de ahí, hacer las reformas que crea necesarias”, cuestiona, aludiendo al Presidente.
Sand denuncia que APAM llevó el tema a la Justicia, pero que los expedientes “duermen” sin resolución, mientras la crisis se agrava mes a mes.
Por otro lado, reclama una posición más firme a las autoridades provinciales:
“Le pido al gobernador Hugo Passalacqua que se ponga firme y defienda a los productores”, insiste, al tiempo que cuestiona a los legisladores de todos los espacios: “Nuestros políticos oficialistas y opositores siguen levantando la mano apoyando la destrucción de la familia agraria”.
En ese diagnóstico aparece una idea recurrente en las chacras: la sensación de estar solos, atrapados entre un Gobierno nacional que empuja la desregulación y una dirigencia política que, según perciben, acompaña o mira para otro lado mientras la familia agraria se deshilacha.
Un anexo que cierra el círculo de la desregulación
Leído en conjunto con el DNU 70/2023, el Decreto 812/2025 funciona como un anexo que cierra el círculo: primero se recortan las facultades legales del INYM para intervenir en precios y en la organización de la producción; después se ajusta la reglamentación para impedirle cualquier acción que pueda ser interpretada como distorsión de mercado.
El resultado es un organismo desarmado en el momento de mayor necesidad de regulación, una cadena productiva donde la balanza se inclina claramente hacia los grandes jugadores y un territorio –el de la yerba mate en Misiones– que ve cómo se profundiza un modelo de concentración económica y expulsión social.
Desde la óptica del Gobierno, se trata de liberar fuerzas del mercado. Desde las chacras, desde las cooperativas y desde organizaciones como APAM, lo que se observa es otra cosa: la consolidación de un esquema en el que la yerba seguirá llenando góndolas y contenedores, pero con cada vez menos productores en pie y con un Estado ausente allí donde antes, con todas sus limitaciones, todavía actuaba como freno a los abusos.
Cuando la hoja no alcanza: la tonelada de yerba ya no paga ni el combustible
La comparación entre el precio de la hoja verde de yerba mate y el costo del combustible entre 2023 y 2025 muestra con crudeza cuánto perdió el productor en términos reales, más allá de los números nominales.
En 2023, todavía con un esquema de regulación vigente, el productor yerbatero cobraba en torno a $120.000 por tonelada de hoja verde, es decir, unos $120 por kilo. En ese mismo período, el litro de combustible —referencia básica para cualquier tarea en la chacra, desde el traslado de la producción hasta el uso de maquinaria— rondaba los $350 por litro. El esfuerzo de cosechar y entregar 1.000 kilos de hoja verde se traducía en una capacidad de compra relativamente razonable frente a uno de los principales costos productivos.
Dos años después, el escenario es muy distinto. En 2025, con el mercado desregulado y el INYM sin herramientas para intervenir, el precio de la hoja verde que recibe el productor se ubica alrededor de los $150 por kilo, lo que equivale a $150.000 por tonelada. A primera vista podría parecer una mejora respecto de 2023, porque el monto nominal es mayor. Sin embargo, el dato clave no está en el número “en pesos”, sino en lo que ese dinero permite comprar. Hoy, el combustible supera los $1.600 por litro, es decir, se encareció más de cuatro veces respecto de 2023.
A esto se suma otro dato que agrava el cuadro: mientras el productor cobra $150.000 por tonelada, estimaciones de dirigentes del sector señalan que el costo real de producir esa misma tonelada ronda los $800.000, es decir, unos $800 por kilo. Eso significa que, cada vez que entrega su producción, el colono está trabajando muy por debajo de sus costos y financiando con su pérdida el funcionamiento de la cadena. Cada camión que sale del yerbal no representa ganancia, ni siquiera equilibrio, sino una pérdida monumental encubierta.
Así, la comparación entre 2023 y 2025 permite ver con claridad que el problema no es sólo que el combustible aumentó fuerte, ni que el precio de la hoja verde se quedó corto. El problema de fondo es que, en términos reales, la tonelada de yerba mate que antes sostenía parte de la estructura de costos del productor hoy no alcanza ni remotamente para lo mismo. El resto se perdió en el camino, entre inflación, desregulación y una relación de fuerzas cada vez más desigual dentro de la cadena.
Crisis yerbatera: productores convocaron a asambleas claves en Campo Grande y San Vicente https://t.co/uNuS0wvNH0
— Radio Up 95.5 (@radioup955) November 18, 2025
