//
El Estado argentino presentó una moción de emergencia ante un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de suspender una audiencia prevista para abril en el marco del juicio internacional por la expropiación de la petrolera YPF. La solicitud fue realizada por la Procuración del Tesoro, que representa al país en la causa, y busca detener temporalmente el avance del proceso judicial mientras la Corte de Apelaciones analiza el caso.
La presentación se produjo en los últimos días como parte de la estrategia legal del Gobierno argentino para evitar que el juicio avance hacia nuevas instancias que podrían comprometer activos del país en el exterior. Según la defensa oficial, continuar con el proceso sin esperar la resolución de la apelación podría generar consecuencias irreversibles para el Estado.
Un litigio multimillonario que sigue escalando
El conflicto judicial se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control mayoritario de la compañía. A partir de esa decisión, fondos de inversión que adquirieron los derechos de antiguos accionistas iniciaron una demanda en tribunales estadounidenses.
En una primera instancia, la justicia de Estados Unidos condenó a la Argentina a pagar alrededor de 16.100 millones de dólares, una cifra que podría incrementarse con intereses si el fallo queda firme.
La etapa clave del proceso
Actualmente, el caso atraviesa la fase conocida como “discovery”, un procedimiento legal en el que los demandantes pueden solicitar información financiera y patrimonial para identificar bienes del Estado argentino que podrían ser embargados para garantizar el pago de la sentencia.
En ese contexto, los fondos demandantes pidieron acceso a diversos datos vinculados a activos del país en el extranjero, incluyendo información financiera y documentos oficiales.
La estrategia de defensa del Gobierno
Frente a este escenario, el Gobierno argentino solicitó detener momentáneamente la causa hasta que se resuelva la apelación presentada contra el fallo que fijó la indemnización millonaria.
Con esta maniobra judicial, la defensa busca evitar que se avance en la identificación de activos embargables y ganar tiempo mientras se define el futuro del litigio.
El caso por la expropiación de YPF se mantiene así como uno de los juicios internacionales más costosos que enfrenta la Argentina, con implicancias económicas y financieras que podrían impactar en la relación del país con los mercados internacionales.
