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El abogado Eduardo Paredes, defensor de Mónica Gurina y Leandro Sánchez -condenados este miércoles en un juicio que duró dos días por los delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del tránsito durante las protestas docentes sobre la avenida Uruguay en junio del 2024- compartió su “profunda preocupación” por el alcance social y político de la sentencia, aunque aseguró que el fallo “no se va a aplicar nunca”.
En diálogo con La Última Rosca por Radio Up, Paredes afirmó que el fallo dictado por la jueza Marcela Leiva -quien firmó 10 y 8 meses de prisión en suspenso para Gurina y Sánchez- tiene una dimensión que excede el caso puntual. “El problema de esta sentencia es lo que significaría hacia futuros conflictos, porque viene un período de mucha conflictividad”, alegó. Y agregó: “Nunca va a tener efecto. Eso se lo digo: nunca”.
El abogado confirmó que ya preparan la apelación. “Esta sentencia no va a quedar firme nunca porque la vamos a llevar a la Corte y a donde sea”, ratificó. También adelantó que el planteo incluirá objeciones al proceso judicial, entre ellas la negativa a transmitir el juicio por YouTube, algo permitido por acordadas del Superior Tribunal: “Pedimos hace tres meses que se habilite el Zoom, que se transmita. La sentencia estaba escrita de antes”, denunció.
Un fallo que, según la defensa, afecta el derecho a la protesta
Para Paredes, lo que estaba en discusión “no era solo este caso, sino el derecho a la protesta y a la interrupción de calles por un tiempo determinado, que ha sido parte de todas las luchas sociales en la Argentina”.
Además, señaló que el acuerdo salarial alcanzado entre los docentes y el Gobierno provincial el 7 de junio del año pasado reforzó que la protesta tuvo legitimidad. “Si una rama del Estado considera que esto es legal, nunca puede haber condena penal porque viola el concepto de antijuridicidad”, argumentó. Y remarcó que las mejoras salariales surgieron “luego de las medidas de fuerza”.
Críticas al proceso y cuestionamientos a la imparcialidad
Paredes insistió en que sus defendidos nunca fueron notificados correctamente de la orden judicial que supuestamente desobedecieron. “Nunca puede haber desobediencia. Primero, porque si tienen que imputar, tienen que imputar a todos los que estaban ahí”, sostuvo. Además reiteró que Mónica Gurina “no estuvo nunca, estaba en Eldorado” al momento del aviso del 1°de junio para levantar el corte.
Consultado sobre por qué no aceptaron una suspensión del juicio a prueba, Paredes fue categórico: “Es inadmisible aceptar una probation. Este caso, si llega a la Corte, se anula”, dijo, citando otros fallos que, según él, sientan jurisprudencia.
El abogado destacó además el rol de quienes apoyaron públicamente a los imputados. “Ayer estuvo Marta Maffei, que hizo una alegación como amicus curiae explicando por qué esto no es judiciable”, señaló, y elogió la exposición de Gurina: “La claridad jurídica que tenía Mónica fue envidiable”.
Un fallo con efecto simbólico
Aunque confía en que la sentencia caerá en instancias superiores, Paredes admitió que la condena cumple su objetivo: “Lo único que les digo es que esta sentencia nunca va a tener efectos reales, pero sí tuvo aquello que se buscaba: el efecto simbólico”.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 5 de diciembre. La defensa ya anticipó que recurrirá “hasta donde sea necesario” y que usará este caso como testigo para discutir los límites legales de la protesta social en Misiones.
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