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El Concejo Deliberante de Garupá vivió este martes una jornada de alta tensión política e institucional al tratar la posible destitución del concejal Rodolfo Kusczak, quien había denunciado la adulteración del presupuesto 2025 y apuntado directamente contra el presidente del cuerpo, Miguel Rauber. Finalmente, la moción de destitución no prosperó, pero sí se resolvió su suspensión temporal, en medio de fuertes cuestionamientos por parte del edil.
En declaraciones al programa La Última Rosca, emitido por Radio Up, Kusczak relató que el pedido de destitución surgió tras su denuncia por presuntas maniobras irregulares en la aprobación del presupuesto general del Concejo Deliberante. “Yo pasé de ser denunciante a denunciado. La comisión investigadora, luego de siete meses, dictaminó mi suspensión, aunque no encontraron ninguna prueba en mi contra”, aseguró.
Según explicó, la denuncia original fue presentada ante la Fiscalía, donde entregó el presupuesto original y el presuntamente adulterado. “Me pedían que lleve pruebas a la comisión investigadora, pero esas ya están en sede judicial. No tengo por qué entregarlas dos veces”, sostuvo.
El concejal apuntó contra sus compañeros ediles
El concejal también apuntó a un “manejo autoritario” por parte del bloque oficialista, compuesto por los ediles Raquel de Morais, Marina Rodríguez, José Viera y el propio Rauber. “Ellos deciden todo. Si no les conviene que uno hable, no dan la palabra. Es una tiranía lo que está pasando en el Concejo”, denunció.
Kusczak detalló que la suspensión fue solicitada por el propio presidente Rauber como alternativa a la destitución, posiblemente para evitar una imagen aún más polémica. Sin embargo, hasta el momento no fue notificado formalmente de la duración ni los alcances de esa medida. “Garupá tiene una carta orgánica nueva, pero aún faltan ordenanzas específicas para regular este tipo de sanciones. No está claro si me descontarán la dieta ni cuántos días estaré suspendido”, expresó.
El conflicto político institucional se da en un contexto de fuertes tensiones internas dentro del Concejo Deliberante, atravesado por acusaciones cruzadas, falta de transparencia y un procedimiento jurídico poco claro.
“Es grave lo que pasó. Hice la denuncia con pruebas y ahora me suspenden a mí. Aunque las acusaciones fueran falsas, ni siquiera la justicia lo determinó todavía. Debería tener el beneficio de la duda”, reflexionaron desde el equipo del programa.
La investigación judicial sobre la adulteración del presupuesto sigue en curso, mientras que el caso abre nuevas preguntas sobre el respeto por los procesos democráticos y el funcionamiento institucional en el municipio de Garupá.
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