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El Concejo Deliberante de Garupá atraviesa una grave crisis institucional tras la denuncia del concejal del PRO, Rodolfo Kusczak , contra el presidente del cuerpo, Miguel Rauber, por presunta adulteración del presupuesto municipal 2025.
La denuncia penal, presentada en diciembre ante la Fiscalía N.º 6, sostiene que el presupuesto aprobado por los ediles difiere del que finalmente se publicó en el Boletín Oficial. La diferencia: 100 millones de pesos y la incorporación no autorizada de cargos administrativos.
En diálogo con Radio Up, el concejal del Frente Renovador, José Luis Peralta, denunció maniobras irregulares y calificó de “persecución política, arbitraria, inadmisible, distorsionadora y autoritaria” la reacción del oficialismo local, que intentó contraatacar creando una comisión investigadora contra el denunciante, el propio Cusack. “El expediente no fue puesto en el orden del día, no fue tratado, no fue puesto a la decisión del cuerpo”, explicó Peralta sobre cómo se ignoró inicialmente la denuncia contra Rauber.
De denunciante a denunciado
Según relató Peralta, tras la denuncia de Cusack, el oficialismo utilizó una moción para dar vuelta la situación: en vez de tratar el apartamiento del presidente denunciado, se avanzó con la creación de una comisión investigadora contra el denunciante. “El denunciado terminó denunciando al denunciante. Eso fue lo que generó toda la controversia”, aseguró el concejal.
Peralta explicó que su bloque votó a favor de tratar la denuncia en comisión, pero no apoyó que de allí saliera una comisión investigadora contra Cusack: “Cuando la concejal Morais pidió que se trate en comisión, voté positivo. Pero cuando la comisión se extendió con un dictamen contra Cusack, voté negativo”.
La raíz del escándalo es la presunta adulteración del proyecto presupuestario aprobado en diciembre de 2024. Según la denuncia, el texto publicado difiere en al menos 100 millones de pesos respecto al proyecto votado. Además, incluye cargos administrativos nuevos que no habían sido discutidos, lo cual contrasta con la política provincial de contención del gasto. “Se detectó la inclusión de cargos en el Concejo que no estaban previstos. El Departamento Ejecutivo viene lidiando con un achicamiento del Estado, y hoy no se están generando mayores incorporaciones”, recordó Peralta, citando sus propias advertencias del 20 de diciembre del año pasado.
En medio de la tensión creciente, Peralta presentó un proyecto para que Rauber sea apartado temporalmente de su cargo como presidente del Concejo y como concejal, hasta que la justicia se expida sobre la denuncia penal. “Es lo que establece la Ley Orgánica Municipal y el reglamento interno. La denuncia está hecha, y todos los concejales, junto a la Secretaría y la Asesoría Jurídica, vamos a ser convocados como testigos”, anticipó.
Lo que viene
El proyecto de Peralta fue girado nuevamente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, donde se espera que se discuta en los próximos días. Mientras tanto, el clima dentro del Concejo es de máxima tensión y desconfianza. “Son situaciones que no se deben tratar en comisiones permanentes. Si hay una sospecha de dolo, debe convocarse inmediatamente a una comisión investigadora”, reclamó el edil renovador.
La denuncia penal, que apunta directamente al corazón del poder legislativo local, amenaza con provocar un reordenamiento político en Garupá. Y si la justicia avanza, podría tener consecuencias institucionales de peso.
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