Los operativos de actualización de datos para pensiones no contributivas por discapacidad en Misiones despertaron malestar y denuncias por parte de beneficiarios y organizaciones del sector. En localidades como San Ignacio y San Pedro, las jornadas se llevaron adelante en espacios abiertos, sin previsión de accesibilidad ni resguardo climático, lo que obligó a personas con discapacidad y sus familias a soportar largas filas para poder avanzar en el trámite.
Polémica por auditorías de pensiones hechas sin médicos
A la falta de condiciones adecuadas se suma un reclamo central: las auditorías no fueron realizadas por médicos ni profesionales de la salud. Según denunció el Consejo Provincial de Discapacidad, el procedimiento estuvo a cargo de auditores sin formación médica, e incluso de militantes de La Libertad Avanza contratados para completar planillas y entrevistar a los beneficiarios.

“Reciben a la gente, no piden documentación médica y entregan un comprobante con firma de profesionales que no están en el lugar. Solo dicen que es una entrevista. Esta situación no garantiza los derechos de las personas con discapacidad ni la transparencia del proceso”, señalaron desde el organismo a través de sus redes sociales.
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Los beneficiarios recibieron carta documento para presentarse en los operativos. En San Ignacio, el lugar de convocatoria fue frente a la Reducción Jesuítica, un espacio al aire libre sin condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Sin embargo, las condiciones de organización y el rol del personal a cargo reavivaron las críticas. Desde el Consejo Provincial de Discapacidad remarcaron que el Gobierno nacional es responsable de garantizar un proceso transparente, accesible y respetuoso de los derechos de las personas. En esa línea, el vicegobernador de Misiones anunció este jueves que elevarán un recurso de amparo ante la Justicia para restituir las pensiones no contributivas a sus beneficiarios.
“Lo que está ocurriendo no solo vulnera derechos básicos, sino que también impide saber si realmente se están detectando pensiones irregulares o no. El procedimiento debe ser transparente y realizado por profesionales capacitados”, enfatizaron.



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