//
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno nacional en el marco de la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Con esta decisión, el expediente continuará su recorrido en los tribunales inferiores y el máximo tribunal evitó pronunciarse, por ahora, sobre la constitucionalidad de la normativa.
La Corte rechazó el recurso del Gobierno y dilata la definición sobre la reforma laboral
La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro luego de que distintos fallos judiciales pusieran en discusión la validez de varios artículos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral, aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
El objetivo de la Casa Rosada era que la Corte interviniera de manera inmediata para acelerar una definición judicial y dejar sin efecto las medidas cautelares que frenaron parcialmente la aplicación de la reforma. Entre esas presentaciones se encuentra la impulsada por la CGT, que cuestionó distintos puntos de la norma.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales necesarias para habilitar el “per saltum”, una herramienta que solo puede aplicarse en casos de gravedad institucional y urgencia extrema.
A través de una resolución breve, la Corte declaró “inadmisible” el planteo oficial y resolvió no avanzar sobre el fondo de la cuestión, lo que representa un revés judicial para el Gobierno nacional en su intento de garantizar la vigencia total de la reforma laboral.
Mientras tanto, la discusión continuará en el fuero contencioso administrativo. En ese sentido, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó esta semana al juez laboral Raúl Horacio Ojeda remitir el expediente en un plazo de 24 horas a ese fuero, al considerar que la cuestión de competencia ya quedó definitivamente resuelta.
El conflicto judicial por la reforma laboral suma así un nuevo capítulo, en medio de la tensión entre el Ejecutivo y los sectores sindicales que rechazan varios aspectos de la legislación.
