//
Los debates forman parte de la discusión permanente en toda sociedad. La riqueza de esos intercambios no radica en la cantidad de voces, sino en la profundidad de los argumentos. Cuando las opiniones se sostienen en evidencia, en sustento técnico o en la simple observación de la realidad cotidiana, el resultado suele ser un avance hacia la comprensión del problema que se busca resolver. Pero cuando las discusiones se desarrollan desde la comodidad o el prejuicio, se transforman en un ruido que poco aporta al bien común.
En ese marco, la reciente decisión del gobierno de Mendoza de sancionar una ley que responsabiliza a los padres por los actos de bullying cometidos por sus hijos genera debate, y está bien que así sea. La norma, que establece sanciones económicas y la obligatoriedad de asistir a talleres de convivencia, puede ser leída como una medida necesaria o como una respuesta desesperada frente a una sociedad que parece haber perdido el rumbo en materia de valores y vínculos familiares.
El primer análisis, quizás el más sencillo, pone el acento en lo virtuoso de la propuesta. Por fin, se dice, se apunta a la raíz del problema: los hogares. Padres ausentes, padres desbordados por las exigencias del tiempo o padres que reproducen en su propio hogar las conductas violentas que luego se reflejan en la escuela. En muchos casos, el bullying no nace en el aula, sino en la forma en que los adultos ejercen —o renuncian a ejercer— su autoridad, su empatía y su ejemplo.
Sin embargo, limitar el abordaje del bullying a una lógica punitiva es tan insuficiente como peligroso. Las multas o las sanciones pueden generar miedo, pero difícilmente generen conciencia. La violencia, como toda forma de dolor social, no se erradica solo con castigos: requiere de una profunda tarea educativa y comunitaria.
Aquí es donde el pensamiento pedagógico de Don Bosco ofrece una enseñanza vigente. Su “sistema preventivo” se basaba en pilares fundamentales razón y amor. Lejos de los castigos humillantes, proponía un modelo educativo de cercanía, diálogo y acompañamiento. El maestro —decía Don Bosco— debía estar presente entre los jóvenes, no como vigilante, sino como hermano mayor, capaz de corregir con ternura y orientar con el ejemplo. A eso lo llamaba “corrección fraterna”: ayudar al otro a reconocer su error sin destruir su dignidad.
Si trasladamos ese principio al contexto actual, podríamos decir que la verdadera prevención del bullying no se logra castigando a los padres, sino reconstruyendo una comunidad educativa y familiar que actúe como contención. Padres, docentes y estudiantes deben ser parte del mismo entramado de responsabilidad compartida. El Estado, por su parte, no puede limitarse a sancionar, sino que debe garantizar espacios de formación, escucha y acompañamiento emocional tanto para víctimas como para agresores.
La necesidad de crear una ley que obligue a los padres a hacerse cargo de sus hijos revela algo más profundo: que la legislación existente, las convenciones internacionales sobre los derechos del niño y las políticas de protección vigentes no están siendo observadas con la responsabilidad necesaria. La norma mendocina es, en el fondo, una advertencia sobre el deterioro de los lazos familiares y sobre la falta de presencia afectiva que atraviesa a muchas familias en el país.
La pregunta que surge es si los padres y los hijos de esta sociedad necesitan más leyes o más vínculos. Si hace falta recordar por decreto que criar es una tarea activa, o si la clave está en recuperar el sentido de comunidad que durante años sostuvo el tejido social. Tal vez, lo que estamos viendo no es un problema de normas, sino de ejemplos. De adultos que, por cansancio o desconfianza, han dejado de ser referencia.
Cuando un niño agrede, no solo reproduce una conducta: también expresa una carencia. Falta de escucha, de límites, de empatía, de presencia. Por eso, toda política pública que busque abordar el bullying debería mirar más allá del aula. Debería interpelar al hogar, pero también al barrio, a los medios, a la cultura del éxito inmediato y de la humillación como entretenimiento.
El desafío no es menor. Vivimos en una sociedad donde lo violento se volvió cotidiano, donde el insulto es parte del discurso público y donde la exposición del otro se celebra. En ese contexto, pedirle a un adolescente que respete la diferencia o cuide la sensibilidad del otro parece casi un acto contracultural. Sin embargo, es allí donde se juega el futuro.
La ley de Mendoza puede ser un punto de partida si logra combinar sanción con educación, autoridad con acompañamiento. Si los talleres que propone se convierten en verdaderos espacios de encuentro entre padres e hijos, de reflexión y de reconstrucción del diálogo familiar, entonces la norma tendrá sentido. Pero si solo se convierte en un nuevo castigo económico, el mensaje será contradictorio: responder a la violencia con más violencia simbólica.
Quizás ha llegado el momento de revisar nuestros vínculos, de reconocer que algo se quebró y que la reconstrucción no se logra con miedo, sino con responsabilidad. Volver a la “corrección fraterna” de Don Bosco no significa retroceder al pasado, sino rescatar la idea de que educar es un acto de amor. Un amor que se demuestra estando presentes, poniendo límites, escuchando y confiando.
Porque una sociedad que necesita leyes para recordar a los padres su deber de educar, es una sociedad que ha olvidado que los valores se enseñan con el ejemplo y se aprenden en el abrazo cotidiano.
