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Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que cada argentino perdió en promedio $765.264 entre 2024 y comienzos de 2026 debido a la caída de la coparticipación y la reducción de transferencias nacionales. El estudio compara los envíos realizados por Nación en 2023 con el período comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026, evidenciando un fuerte ajuste en los recursos distribuidos a las provincias, producto de menores transferencias automáticas y discrecionales.
De acuerdo con el análisis, las 23 provincias registraron una pérdida acumulada de $20,5 billones en transferencias no automáticas, medidas en valores actualizados a febrero de 2026. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró un incremento de $0,8 billones, impulsado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que elevó su coeficiente de coparticipación del 1,4% al 2,95%.
En cuanto a las transferencias automáticas —que incluyen coparticipación neta, leyes especiales y compensaciones—, el informe detalla que las provincias resignaron $15,6 billones, mientras que CABA también sufrió una leve caída de $0,3 billones en este rubro.
Al integrar ambos tipos de recursos, el impacto total es contundente: las provincias acumularon una pérdida de $36 billones, explicada en un 57% por la baja en transferencias no automáticas y en un 43% por la caída de las automáticas. En sentido opuesto, CABA logró una mejora neta de $550.000 millones, ya que el aumento derivado del fallo judicial compensó ampliamente la reducción en otros envíos.
Si se amplía la mirada al conjunto de las 24 jurisdicciones, el ajuste alcanza más de $35,5 billones en los últimos dos años, con $36,1 billones absorbidos por las provincias, mientras la capital del país exhibe un resultado positivo de $549.855 millones.
El análisis per cápita refuerza la magnitud del impacto: cada habitante de las provincias soportó un recorte de $831.995, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires se registró un incremento de ingresos de $170.340 por persona, marcando una marcada asimetría territorial en la distribución de recursos nacionales.
