//
En el Senado argentino, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) resolvió postergar el tratamiento de la reforma electoral que busca eliminar las PASO, en un movimiento condicionado por la falta de acuerdos con sectores dialoguistas y opositores. La decisión implica que el debate no avanzará en el corto plazo hasta alcanzar “consensos mínimos”, mientras el oficialismo redirige su estrategia hacia la agenda económica y judicial. La discusión se da en la Cámara alta, en Buenos Aires, durante esta semana legislativa, con el objetivo de reordenar prioridades y asegurar apoyos. El cambio de rumbo responde a la necesidad de consolidar mayorías para proyectos clave, en un Congreso donde el oficialismo requiere 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.
La conducción parlamentaria de LLA, encabezada por Patricia Bullrich en el bloque, resolvió activar el análisis de la reforma electoral recién cuando exista acuerdo con aliados y sectores opositores, especialmente aquellos que rechazan la eliminación total de las primarias. En paralelo, se decidió avanzar con otros expedientes considerados estratégicos para la gestión nacional.
Reordenamiento legislativo y prioridades económicas
Con el freno al debate de las PASO, el oficialismo concentrará su trabajo en iniciativas vinculadas a la economía y la administración del Estado. Entre ellas se destacan los proyectos relacionados con fondos buitre, propiedad privada, salud mental y la aprobación de casi 80 pliegos judiciales e institucionales.
Uno de los ejes centrales de la agenda inmediata es el proyecto que habilita el pago de USD 171 millones a fondos buitre, entre ellos Bainbridge LTD y acreedores representados por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de litigios iniciados tras el default de 2001 que no ingresaron en los acuerdos de reestructuración de 2016. El objetivo del Gobierno es enviar una señal de cumplimiento financiero, aun si el pago no se efectiviza antes del 30 de abril.
Para avanzar en esa dirección, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones con el fin de emitir dictamen esta semana, paso previo a una posible sesión prevista para el 6 de mayo, donde también podrían tratarse designaciones judiciales y otros proyectos consensuados.
Negociaciones y tensiones políticas
El escenario legislativo muestra diferencias internas entre bloques. La Unión Cívica Radical (UCR), con un rol clave por sus 10 senadores, rechaza la eliminación total de las PASO y propone alternativas como su carácter optativo en alianzas o partidos con lista única, además de mantener el financiamiento estatal bajo ciertas condiciones. También expresa objeciones a un incremento en los aportes privados, que podrían llegar al 35%.
Desde el oficialismo sostienen que las negociaciones se trasladarán al Senado debido a la falta de acuerdos previos en el envío del proyecto original, replicando dinámicas vistas en debates anteriores como la reforma laboral o la ley de glaciares.
Salud Mental y otros proyectos en debate
En paralelo, se prepara el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental, que introduce cambios en el modelo de atención. La nueva propuesta establece la participación obligatoria de equipos interdisciplinarios con presencia de psiquiatras, refuerza el peso de la evaluación médica en diagnósticos e internaciones, y redefine criterios para internaciones no voluntarias, limitándolas a casos de riesgo grave para la vida o integridad física.
Además, el consumo problemático de sustancias pasa a integrarse formalmente dentro de las políticas de salud mental, con dispositivos de atención ambulatoria o de internación según cada caso.
Próximos movimientos en el Congreso
La actividad legislativa continuará con la conformación de nuevas comisiones, incluyendo la de Salud, y la apertura de audiencias públicas para analizar designaciones judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo. Entre los nombres en evaluación se encuentran postulaciones de alto perfil vinculadas al sistema judicial federal.
Con este reordenamiento, el Senado entra en una etapa de alta intensidad política donde el oficialismo prioriza la gobernabilidad y el avance de acuerdos sectoriales por sobre la reforma electoral, al menos en el corto plazo.
