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El pasado jueves comenzó uno de los juicios más trascendentes de la historia judicial argentina reciente. No solo por los nombres que aparecen en el expediente, sino por la magnitud del entramado y la obscenidad de las cifras. La llamada Causa de los Cuadernos —iniciada en 2018 por el fallecido juez Claudio Bonadio, a partir de una investigación periodística de Diego Cabot— reúne casi un centenar de imputados y más de mil fojas de pruebas que detallan, con precisión de escribano, la ruta de las coimas que irrigaban los despachos del poder.
La génesis es conocida: Oscar Centeno, chofer del entonces ministro de Planificación Julio De Vido, anotó durante años los viajes, bolsos y entregas de dinero vinculados al otorgamiento de obras públicas. Aquellas anotaciones, que parecían un registro doméstico sin trascendencia, terminaron siendo la bitácora más incómoda de la década kirchnerista.
En la apertura del juicio oral, el fiscal Carlos Stornelli y la fiscal general Fabiana León describieron un esquema de recaudación digno de manual: cuarenta hechos de cohecho ya confirmados y otros ciento sesenta y cuatro en proceso de lectura, con un total que supera los 10,4 millones de dólares solo en el primer tramo del expediente. Pero el monto global atribuido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualizado a valores actuales, equivale a cientos de miles de millones de pesos, lo que la ubicaría frente a una de las condenas patrimoniales más altas de la historia judicial argentina.
Para dimensionar semejante cifra, el Tribunal Oral Federal N°7 calculó que el dinero involucrado en la causa equivale a 295 presupuestos anuales del Hospital Garrahan, o bien a diez presupuestos completos del Ministerio de Salud y ocho del de Educación. En otras palabras, la corrupción, cuando se la mide en términos sociales, deja de ser un delito de guante blanco para transformarse en un crimen contra el desarrollo.
Stornelli fue claro: Cristina Kirchner es señalada como jefa de una asociación ilícita y beneficiaria final de al menos treinta y ocho pagos por 17,2 millones de dólares, más otro por 1,5 millones de pesos. Según la acusación, actuó como coautora o destinataria final del dinero recaudado a través de sus funcionarios más cercanos, en un sistema de cohecho pasivo que funcionó como una maquinaria aceitada de recaudación política y personal.
Pero lo que hace verdaderamente singular a este proceso —y lo diferencia de todas las causas de corrupción previas en nuestro país— es que la Justicia sentará en el banquillo no solo a la dirigencia política, sino también al empresariado. Por primera vez, el sector privado dejará de ser un espectador o un “colaborador arrepentido” para convertirse en parte juzgada de un engranaje que necesitó de dos manos para funcionar: la que pedía y la que pagaba.
El mensaje judicial, más allá del resultado final, es tan inédito como potente: la corrupción no se sostiene sin complicidad corporativa.
La comparación inevitable es con Lava Jato, la investigación brasileña que hace una década destapó una red continental de sobornos. En aquel proceso, la Justicia de Brasil llegó a procesar a más de cuatrocientas personas y a poner tras las rejas a presidentes, ministros y magnates del sector privado. Sin embargo, en términos económicos, el caso argentino parece superarlo con comodidad: Lava Jato movió unos 14 mil millones de dólares, apenas un tercio de lo que se presume circuló en la red de los cuadernos.
Aun con todas las demoras y chicanas propias de la justicia local, este juicio se perfila como un hito histórico: el único capaz de poner frente a frente, en igualdad de condiciones, a quienes se beneficiaron del poder y a quienes lo financiaron. Si la verdad judicial logra imponerse, la Argentina podría saldar no solo una deuda moral, sino también una de las más costosas facturas de su democracia.
Por Dr. Bryan Villalba
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