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La reciente noticia sobre el aumento del 29% al 35% en los aranceles para los prestadores de servicios a personas con discapacidad, anunciado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), salió a desmentirse rápidamente en el sector. El Foro Permanente de Discapacidad calificó la medida de “engañosa” y “claramente insuficiente”, a la luz del “atraso acumulado del 70% a agosto de 2025” que, aseguran, arrastra el sistema.
En un comunicado advirtieron que, si bien el incremento “puede parecer significativo” para la población general, “en realidad no compensa el atraso acumulado desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023”. Este desfasaje no sólo pone en riesgo la estabilidad económica de los prestadores, sino la continuidad y calidad de los servicios esenciales para más de 300.000 personas con discapacidad.
El aumento para prestadores de salud de Discapacidad llegaría en abril del 2026
Uno de los puntos más críticos señalados por el Foro es el desfase temporal entre la prestación del servicio y su pago. Las prestaciones se facturan a mes vencido, lo que implica una demora estructural que el FPD expone con crudeza.
“Esto significa que, aunque el aumento anunciado se complete recién en diciembre, se facturará en enero de 2026 y se cobrará entre 60 y 90 días después de brindada la prestación”. En consecuencia, aclararon, los prestadores “recién percibirán el incremento total, con suerte, entre marzo y abril de 2026”, un lapso que desde el sector señalaron no cubre los costos actuales.
Incumplimiento legal y “discurso engañoso”
Como hace tiempo se viene planteando, desde el Foro acusaron al Gobierno de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue ratificada en el Congreso en agosto de este año. Según el comunicado, el aumento otorgado “representa solo la mitad de lo establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad para el mes de octubre y, además, se paga de manera fraccionada”.
Las autoridades gubernamentales habrían comunicado la medida como una respuesta a las necesidades del sector, algo que el FPD negó de plano. “Aun así, el Gobierno lo comunica como si se tratara de una respuesta a las necesidades reales de los prestadores, cuando en realidad no cumple con los parámetros fijados por la ley ni con los compromisos asumidos”.
Además, tacharon de “engañosas” las expresiones oficiales que afirman que el aumento supera la inflación proyectada. “Este incremento representa apenas la mitad del atraso arancelario acumulado —del 70% a agosto de 2025— que fue generado por la propia gestión del Gobierno nacional”, sentencian.
Servicios peligran
El comunicado concluye con una fuerte advertencia sobre la inviabilidad del sistema bajo estas condiciones. En ese sentido, desmintieron la afirmación oficial de que el aumento permitiría “mantener la calidad y la continuidad de los servicios”, enfatizando que “el incremento anunciado no compensa el atraso acumulado”.
La “única certeza” para las instituciones y profesionales, según el Foro, es “la continuidad del atraso y el riesgo creciente de cierre de servicios esenciales para las personas con discapacidad”. El FPD criticó duramente la actitud del Estado: “El mensaje implícito es claro: ‘conténtense con esto, ¿qué más pretenden?’, una frase que refleja la falta de consideración hacia quienes sostienen, día a día, la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad”.
Finalmente, el Foro insistió en la “necesidad de que se cumpla plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, y que se haga hoy”, poniendo sus esperanzas en la decisión judicial del Juez Federal de Campana, Dr. Adrián González Charvay, respecto a la inconstitucionalidad de la suspensión de la Ley 27.793. “Confiamos en que la Justicia garantice su inmediata ejecución”, cierra el texto.
Auditorías por discapacidad en Misiones continúan en incertidumbre ⚠️ Tatiana Antúnez alerta que ANDIS no informó cómo se harán y las familias siguen sin respuestas https://t.co/6IYp3ienzF pic.twitter.com/WF963t7ce9
— Radio Up 95.5 (@radioup955) September 24, 2025
