//
La crisis en discapacidad se agudiza ante la inacción del Gobierno. Pablo Adrián Molero, coordinador de la Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y parte de la mesa coordinadora del Foro Permanente de Discapacidad dialogó con Radio Up en Arriba la Radio y contó que el Gobierno posterga decisiones y destina fondos a otros fines a pesar de la emergencia.
La falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad —cuyo veto fue rechazado por el Congreso— está llevando a prestadores e instituciones al borde del colapso, dejando a miles de personas sin la atención esencial que necesitan.
Emergencia ignorada y retraso gubernamental
Molero denuncia una actitud de “chicaneo” por parte del Ejecutivo, que constantemente pone excusas como la falta de fondos para aplicar la ley, mientras que sí destinó partidas importantes para otros fines sin necesidad de aprobación del Congreso.
Señala que el Gobierno puso el tema en agenda, no cumplió la promesa de actualizar los aranceles de los prestadores y lleva meses sin convocar a tratar el tema. En las reuniones, la estrategia oficial consiste en desprestigiar el sector, mencionando fallas de algunos prestadores para justificar la falta de aumentos al sistema en general.
“La sola ley no ha dado respuesta porque el gobierno tiene esta actitud de chicaneo, de decirle dónde va a salir el dinero cuando ha destinado partidas tranquilamente de otro lado para otros fines,” afirma Molero.
El reclamo central es que la emergencia es hoy. Los pagos que reciben los prestadores, si bien existen, no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que provoca el endeudamiento de las instituciones y las pone al borde del cierre.
Silencio Gremial y Responsabilidad de Obras Sociales
Un punto crucial que resalta Molero es la falta de respuesta y de diálogo por parte de las obras sociales y, en particular, el silencio de los sindicalistas frente a la problemática.
Las obras sociales y prepagas, aunque estas últimas reciben aumentos de cuotas, no han ajustado los aranceles en discapacidad, lo que genera una doble crisis: el Estado no responde y los entes financiadores miran sus “números” y desatienden la necesidad de sus beneficiarios. “Ellos miran sus números y dicen nosotros no lo podemos pagar, y entonces dejan de lado la atención de las personas, pero hay un silencio importante por parte de los sindicalistas.” Esta actitud, según Molero, pareciera ser avalada por una parte de la sociedad y les “conviene.”
La Corrupción como Excusa y la Urgencia del Cierre
El representante del Arzobispado desmiente que la inacción se deba a supuestos problemas generalizados de corrupción. Relata que en reuniones con responsables de Incluir Salud se le planteó la supuesta falta de ética de los prestadores basándose en la mala facturación de un número ínfimo de personas (diez de 32.000 beneficiarios), lo que considera una “chicana” para “ensuciar la cancha” y justificar el freno a las soluciones. “Continuamente esta chicana de parte de estos funcionarios que hacen planteos de la falta de ética, que funcionan mal y entonces se ensucian enseguida como si todo estuviera mal.”
La situación es crítica: las instituciones más chicas, que son la mayoría en el modelo actual para garantizar una atención más familiar, son las más vulnerables. “Usted ha escuchado un hogar de 20 personas, muy chico, con los gastos que implica, de los cuales 8 no tenían familia. Si el hogar cierra, no tenía dónde ir la gente.”
Mientras el Gobierno demora, “están estudiando,” sin aparente conciencia de la realidad, y el sistema se desmantela. Los prestadores ya no buscan recuperar la deuda, sino “el poder dar dinero para aumentos que permitan seguir funcionando.” Además, señala que:
8.000 trabajadores del sector siguen cobrando un aporte estatal irrisorio de $28.000 mensuales, sin respuesta para el aumento.
Se eliminan pensiones por supuestas irregularidades, dejando a la gente sin cobrar y sin posibilidad de recuperar los meses adeudados. “La deuda de esos meses que no le pagaron no se la van a pagar.”
Ante este panorama, el Foro Permanente de Discapacidad llama a la movilización en todo el país para presionar al Gobierno a que acate el rechazo del veto y ponga en práctica la Ley de Emergencia. La falta de diálogo con responsables clave, como los de la AFIP y ARCA (organismos que deberían aplicar articulados de la ley sin necesidad de partidas), intensifica la preocupación. “Hemos mandado cartas al responsable de la ARCA pidiendo qué medidas van a tomar sobre ese articulado de la ley de emergencia. Y no hubo ninguna respuesta.” El mensaje de Molero es claro: “Hay que seguir mostrando lo que hace este Gobierno en respuestas totalmente absurdas.”