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El sistema de salud privado atraviesa una situación compleja en la Argentina. En los últimos días se confirmó que diez empresas de medicina prepaga fueron dadas de baja de los registros oficiales, lo que eleva a 162 las prepagas eliminadas del sistema sanitario.
En ese contexto, la abogada especialista en derecho a la salud y laboral Miriam Medina dialogó con Radio Up y advirtió que el problema se arrastra desde hace varios años y se agravó tras los cambios normativos recientes.
“Hace dos años o más, casi tres, que venimos luchando con el tema de las prepagas”, señaló. Según explicó, el escenario actual comenzó a configurarse tras la desregulación del sector. “Con el decreto 70/23 quedaron liberadas y son permanentes los aumentos que hay”, sostuvo.
Aumentos y morosidad
Medina explicó que los incrementos sostenidos de las cuotas generaron un fuerte impacto en la economía de los afiliados, lo que derivó en morosidad y bajas del sistema.
“La situación de morosidad de la gente que no puede pagar, las bajas en las prepagas de los afiliados y la migración de prepagas a obras sociales son constantes”, describió.
Incluso, señaló que muchas personas terminan recurriendo al sistema público. “Muchos incluso, al quedarse sin trabajo, migran de las obras sociales a la atención pública que cada día está peor”, afirmó.
De acuerdo con estimaciones del sector, entre el 3% y el 5% de los afiliados presenta atrasos en el pago de las cuotas, mientras que entre el 8% y el 10% se dio de baja desde 2023 debido al aumento de los costos.
Los valores actuales de los planes reflejan esa tendencia. “Hoy las prepagas oscilan entre los 460 mil pesos y los 580 mil para un plan básico. Es tremendo y no para de aumentar”, explicó.
A esto se suman nuevos incrementos mensuales. “En marzo los aumentos se calculan entre un 2,4 y un 3,2 por ciento. Las prepagas no paran de aumentar y la gente lo está sintiendo un montón”, advirtió.
Desesperación entre los afiliados
La especialista señaló que el impacto social es cada vez más evidente en las consultas que recibe. “La desesperación que hay en la gente es tremenda. Es una desesperación de los afiliados que hace años no se veía”, afirmó.
En muchos casos, los usuarios intentan reducir costos bajando de categoría dentro del mismo plan, aunque esa opción también tiene un límite.
“Si tenías un plan 410 pasás al 310 hasta que bajás al 210 y ahí ya está. En el plan más bajo no tenés otra chance que irte de la prepaga si no lo podés pagar”, explicó.
Este proceso, agregó, implica también cambios de prestadores y pérdida de cobertura médica.
“Cambiar de plan implica menos prestaciones y muchas veces pasar a otra prepaga que te pone trabas para entrar”, sostuvo.
Un sistema en crisis
La situación no solo afecta a las prepagas, sino también a las obras sociales, que reciben más afiliados con menores aportes.
“Las obras sociales reciben mayor cantidad de afiliados con menos aporte. Todo eso está haciendo que el sistema de salud esté en una situación extremadamente crítica”, advirtió.
Para Medina, uno de los sectores más afectados por esta crisis es el de discapacidad. “El área más afectada hoy es el área de discapacidad”, explicó.
Según indicó, los tratamientos y servicios vinculados a ese sector suelen ser los que más demoras sufren en las autorizaciones. “Las prestaciones como terapista, transporte o cuidadores a veces se demoran porque saben que quizás no hay un riesgo de vida inmediato”, señaló.
Falta de información sobre derechos
La abogada también advirtió que muchas personas desconocen los derechos que tienen dentro del sistema de salud, lo que agrava las dificultades para acceder a tratamientos. “La gente no sabe cuáles son sus derechos”, afirmó.
Como ejemplo, relató el caso de una persona que perdió su trabajo y no sabía que podía mantener la cobertura médica a través del seguro de desempleo.
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“Tenía cáncer y no tramitó las prestaciones para su quimioterapia porque no sabía que tenía derecho a la continuidad de la obra social”, contó.
Frente a esta situación, recomendó consultar con especialistas o recurrir a organismos públicos.
“Si tienen dudas sobre la cobertura de un medicamento o una cirugía, pueden consultar en la Superintendencia de Servicios de Salud desde el celular y no tienen que gastar ni un centavo”, explicó.
El derecho a una vida digna
Finalmente, la especialista sostuvo que el principal derecho que debe defenderse en el sistema sanitario es el acceso a una vida digna. “El derecho que hoy considero fundamental defender es el derecho a una vida digna”, afirmó.
Y concluyó: “Cuando niegan un medicamento, una silla de ruedas o una cirugía, obligan a vivir mal, con dolor o con una enfermedad que podría tratarse”.
El IPS presentó un programa integral para abordar la fibromialgia en Misioneshttps://t.co/teuJyQdqIi pic.twitter.com/r2tXjf2kck
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