Un hombre identificado como Sixto Coronel, de Wanda, Misiones, pidió públicamente este 31 de diciembre acceder a la eutanasia tras quedar inmovilizado por una avanzada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que lo mantiene postrado, sin habla y dependiendo completamente de terceros. Su planteo surge por el dolor constante, la falta de provisión de medicamentos esenciales y la ausencia de respuestas del sistema de salud, por lo que decidió buscar la posibilidad de viajar a Uruguay, país donde la eutanasia está regulada y permitida por ley.
Coronel relató que la enfermedad lo consume desde 2021 y que actualmente no puede moverse, comunicarse verbalmente ni controlar sus funciones básicas. Según denunció, hace meses que no recibe la medicación que debería garantizarle su cobertura médica nacional, situación que lo deja expuesto a crisis respiratorias, descompensaciones y episodios de dolor agudo. “No quiero seguir viviendo así”, expresó en redes sociales mediante un mensaje escrito que se viralizó entre vecinos y organizaciones.

Para lograr su objetivo, calculó que necesita al menos $25 millones para cubrir traslado, asistencia profesional, abogados, hospedaje y los trámites médicos exigidos para solicitar la eutanasia en Uruguay. Sin ese dinero, su proyecto es imposible. Su entorno afirma que el hogar se encuentra en una situación límite: su esposa, Mirian Teresa Ojeda, sostiene la casa prácticamente sola, con cuatro hijos —dos menores de edad—, deudas acumuladas y gastos médicos crecientes que amenazan la estabilidad económica de la familia.
El caso expone un contrapunto legal y ético. En la Argentina, la eutanasia activa sigue prohibida, aunque la legislación contempla el derecho a la “muerte digna” para rechazar tratamientos que prolonguen la vida en cuadros irreversibles. Sin embargo, esta normativa no abarca la intervención médica para provocar la muerte, por eso Coronel puso sus esperanzas del otro lado de la frontera. En Uruguay, la práctica es legal bajo estrictos protocolos y requiere evaluaciones médicas, psiquiátricas y la confirmación reiterada de voluntad del paciente.
Lo que para él es una salida, para muchos se convirtió en un llamado de atención. La historia reveló la fragilidad del sistema de acompañamiento a pacientes con enfermedades incurables, la demora en la entrega de tratamientos de alto costo y la ausencia de dispositivos estatales para asistir a familias que quedan completamente atravesadas por el deterioro de un ser querido. En Misiones, el caso desató un fuerte debate social y empuja a una pregunta urgente: ¿qué ocurre cuando el sufrimiento supera cualquier esperanza de recuperación?
Mientras tanto, Sixto continúa en su casa en Wanda-Misiones, esperando una respuesta, ayuda económica o una intervención institucional que le permita —según sus palabras— “dejar de sufrir con dignidad”.



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