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El padre Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió en Radio Up sobre el impacto social, económico y humano que tendría la eliminación de la emergencia en discapacidad, incluida de manera sorpresiva en el proyecto de Presupuesto Nacional 2026.
La discusión del Presupuesto Nacional volvió a encender una alarma profunda en el campo social y de los derechos humanos. En las últimas horas, diputados nacionales que integran la Comisión de Presupuesto detectaron la incorporación inesperada del artículo 75, mediante el cual el Gobierno Nacional propone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y universidades, una decisión que no había sido mencionada en instancias previas del debate parlamentario.
La sorpresa generó reacciones inmediatas, entre ellas la de los diputados misioneros, que decidieron votar en disidencia, y la de las organizaciones que trabajan cotidianamente con personas con discapacidad en todo el país.
“No nos habían advertido nada”
El padre Pablo Adrián Molero expresó un fuerte rechazo a la iniciativa y sostuvo que la medida desnuda una postura política que viene gestándose desde hace tiempo. “No nos habían advertido nada. Al contrario, días atrás yo mismo les había pedido a los nuevos diputados que incorporaran las partidas necesarias para cumplir con la ley. De repente aparece esta novedad”, relató, visiblemente molesto.
Molero explicó que el proyecto de presupuesto ya carecía de los fondos necesarios para cumplir tanto con la ley de discapacidad como con la ley de emergencia pediátrica, y que desde el sector venían advirtiendo que, sin partidas específicas, el Gobierno terminaría argumentando la imposibilidad de cumplir con la normativa vigente.
“No es falta de dinero, es falta de interés”
Lejos de aceptar la explicación oficial basada en la escasez de recursos, el coordinador del Foro fue categórico. “Agradezco que hayan sido sinceros, porque muestran lo que siempre pensaron”, afirmó, al tiempo que recordó una discusión histórica ocurrida en Inglaterra en los años 70, cuando una persona con discapacidad sintetizó el problema con una frase contundente: no hay dinero porque no les interesan las personas con discapacidad.
“Esto es así de simple: en lo que no nos interesa, no ponemos dinero. No es que el país esté mal, no ponen dinero porque no les interesan las personas con discapacidad”, sentenció Molero.
Ajustes cosméticos y abandono estructural
Durante la entrevista, Molero cuestionó lo que definió como gestos cosméticos dentro del propio articulado del presupuesto, como la promesa de aumentos trimestrales de aranceles, mientras se ignora la situación estructural del sector. “Nunca se preocuparon por los casi ocho mil trabajadores de los talleres protegidos que cobran 28 mil pesos desde 2023”, advirtió, y recordó que tampoco se contemplan soluciones reales para los prestadores ni para las familias.
En el mismo sentido, denunció la eliminación directa de las pensiones para personas con discapacidad en situación de pobreza, una de las herramientas centrales de la ley de emergencia. “Esa es la realidad. No hay interés, y ahora lo dejan claro”, remarcó.
Deudas, prestadores al límite y un sistema en crisis
Molero explicó que, si se deroga la ley, los prestadores institucionales y particulares quedarán sin cobrar la compensación correspondiente a la diferencia entre el costo de vida y los aumentos otorgados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. “El gobierno generó una deuda cercana al 70%, con aumentos del 29 o 35%, y esa diferencia no se va a reconocer”, alertó.
Además, desaparecería el mecanismo de actualización mensual de aranceles previsto desde enero de 2025, junto con las pensiones y otros dispositivos de contención social. “Todo eso se cae si se elimina la ley”, resumió.
Retroceso en derechos y pérdida de dignidad
Consultado sobre si esta situación implica un retroceso en materia de derechos, Molero fue contundente. “Por supuesto que estamos retrocediendo. El primer derecho es reconocer la dignidad y el valor de las personas, y eso se está tirando por la borda”, afirmó, y vinculó esta mirada con discursos públicos que han utilizado la discapacidad como forma de descalificación u ofensa.
Según explicó, la crisis ya es una realidad palpable. “Estamos peor hoy, incluso antes de que se vote. Si esto se aprueba, 2025 y 2026 van a ser años sin ningún tipo de asistencia”, advirtió.
Familias endeudadas y expectativas frustradas
El sacerdote también se refirió a la situación de instituciones, familias y profesionales que se endeudaron esperando que la ley se implementara plenamente, incluso respaldadas por fallos judiciales que declaraban inconstitucional la suspensión de la emergencia. “Si la ley desaparece, olvidemos todo. Mucha gente va a decir basta porque no va a poder recuperar las deudas”, lamentó.
Críticas al Gobierno, gobernadores y legisladores
En un tramo final cargado de definiciones políticas, Molero apuntó contra el Gobierno nacional, los gobernadores y los legisladores que acompañen el presupuesto. “No mientan más. No es porque el país esté difícil. Es porque no les importa la discapacidad, como no les importan los niños o la emergencia pediátrica”, sostuvo.
Y concluyó con una reflexión que atraviesa todo el conflicto: “Sus hijos van a los mejores hospitales, si tienen un hijo con discapacidad tendrán todos los recursos. Esta es la Argentina que tenemos y que nos obliga a seguir luchando”.
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— Radio Up 95.5 (@radioup955) December 16, 2025
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