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El Senado argentino revirtió el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, una victoria para las más de 250.000 personas que dependen del transporte adaptado. La ley, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, busca paliar la crítica situación que atraviesa este sector, con aranceles congelados desde diciembre de 2024 y muy por debajo de la inflación.
Pablo Bolego, vicepresidente de FATRADIS (Federación Argentina de Transportistas), explicó a la “Ultima Rosca” que se trasmite por RadioUp, la urgencia de la medida: “venimos trabajando hace un tiempo con diferentes legisladores en elaborar una ley, una ley de emergencia en discapacidad que por el momento garantice la continuidad de los servicios“. La problemática se centra en el abrupto aumento del combustible tras la asunción del gobierno de Javier Milei “en diciembre del 2023 el kilómetro recorrido nos pagaba 272 pesos y teníamos un combustible de 328 pesos… Hoy… el arancel que nos pagan por kilómetros recorridos es de 521 pesos, pero el combustible está arriba de los 1.500–1.600 pesos“. Esta disparidad, según el vicepresidente de FATRADIS, implica que “la relación es casi un 30% en lugar de un 80%“, generando una situación límite para los transportistas.
La ley busca actualizar las prestaciones desde diciembre de 2023 según la inflación. Sin embargo, Bolego advierte sobre la posibilidad de judicialización por parte del gobierno: “estamos en una encerrona. El gobierno nacional decide judicializar esto, está trazando una estrategia para dilatar la implementación de la ley”. A pesar del optimismo por la aprobación en el Senado, la incertidumbre persiste.
El sector de discapacidad necesita más que una actualización de tarifas. Bolego reclama “la implementación de un estudio de costos que garantice que los servicios se puedan brindar cumpliendo con los costos y la rentabilidad necesaria para cualquier emprendimiento”. Actualmente, la falta de este estudio, sumado al deterioro del parque automotor “una camioneta para reemplazarla la estamos hablando de 70–80 millones de pesos, una cifra que es inalcanzable para cualquiera de nosotros”, pone en riesgo la calidad y continuidad del servicio.
Más allá de la vía legislativa, FATRADIS explora acciones judiciales, incluyendo recursos de amparo, para asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Bolego concluye con un mensaje de unidad: “la unidad es lo necesario para que podamos alcanzar nuestros objetivos… tenemos que trabajar en unidad colectivamente”. La lucha por la accesibilidad y la calidad del transporte para personas con discapacidad continúa.
