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Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), por presuntos delitos de abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con el escándalo del criptoactivo Libra.
Según los legisladores, la OA actuó de forma irregular al emitir la Resolución N° 9/2025, que concluyó que no hubo infracción ética por parte del presidente Javier Milei en el denominado “criptogate”. La resolución generó críticas por supuestamente omitir una investigación profunda sobre la participación del mandatario en la promoción del token digital Libra, que provocó movimientos especulativos en el mercado y perjuicios a numerosos inversores.
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“La OA no solo evitó investigar con profundidad, sino que dictó una resolución hecha a medida para desligar a Milei de toda responsabilidad”, expresaron Ferraro y Frade. En su presentación, advierten que la oficina anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo pero debe operar con autonomía técnica, incumplió principios esenciales como la imparcialidad, la transparencia y la prevención de conflictos de interés.
Diputados aseguran que no se evaluaron posibles violaciones al CEP
La denuncia también señala que no se evaluaron posibles violaciones al Código de Ética Pública ni se solicitó opinión técnica a la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la posible promoción irregular del criptoactivo.
Entre los elementos que exigen ser investigados, los diputados mencionan comunicaciones entre Melik y altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Milei, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni. El objetivo sería esclarecer si existió algún tipo de injerencia política que haya condicionado el accionar de la OA.
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La denuncia de los diputados y el rol de la OA
“El rol de la Oficina Anticorrupción debería ser preservar la ética pública, no blindar políticamente a los funcionarios del poder”, concluyeron.
La causa queda ahora en manos del juzgado federal correspondiente, que deberá analizar la denuncia y decidir si impulsa medidas de prueba o avanza en la investigación.
