La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el presidente Javier Milei no incurrió en ninguna infracción a la Ley de Ética Pública por haber promovido en su red social personal un proyecto privado relacionado con la criptomoneda $LIBRA. La resolución desestima cualquier responsabilidad ética del mandatario por el posteo que causó polémica en febrero de este año.

La investigación se inició tras una publicación del presidente en su cuenta de X (ex Twitter), en la que celebraba el lanzamiento de un criptoactivo denominado $LIBRA, desarrollado por el “Viva la Libertad Project”, y que luego fue eliminada por el propio Milei al señalar que no tenía vínculo alguno con el emprendimiento.

La resolución desestima cualquier responsabilidad ética de Milei por el posteo que causó polémica en febrero de este año.

Sin vínculo directo ni uso de recursos públicos

Según la resolución RESOL-2025-9-APN-OA#MJ, el análisis de la OA concluyó que el jefe de Estado no cometió infracción ética alguna, ya que:

No hubo uso de recursos públicos para la difusión del proyecto.
El posteo fue emitido desde una cuenta personal, no institucional.
No existen pruebas de que Milei tuviera relación directa con los promotores del proyecto ni participación en su desarrollo o beneficios personales.

Además, la OA remarcó que las publicaciones realizadas desde redes sociales personales no pueden ser consideradas automáticamente actos de gobierno, salvo que impliquen decisiones oficiales o uso de la estructura del Estado.

Investigación archivada por falta de pruebas

El expediente también revisó posibles vínculos de allegados y asesores del presidente con empresas como KIP Protocol y Tech Forum, pero la OA aseguró que no se hallaron evidencias suficientes de conflictos de interés. Incluso, las declaraciones juradas de Milei, Karina Milei y Manuel Adorni no reflejaron relación con las entidades investigadas, según la resolución.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) y otras dependencias oficiales aportaron información que permitió descartar incompatibilidades, conflictos de intereses o infracciones administrativas. La investigación judicial continúa, pero desde el plano ético-administrativo, el caso queda cerrado.