Mientras el gobierno de Misiones celebra un cierre de campaña tabacalera con números históricos —33 millones de kilos acopiados y un repunte productivo tras años de caída—, una fuerte crisis se desata del otro lado del mostrador: cerca de 10 millones de kilos de tabaco aún no fueron pagados a los productores, que denuncian precios impuestos unilateralmente, pagos demorados y abandono por parte del Estado provincial.
“La novedad no es la cantidad de tabaco, sino que se compró sin precio firmado”, resumió Luis Batirola, presidente de la Asociación de Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), en diálogo con Radio Up. El dirigente explicó que, a pesar de los intentos de negociación, la mesa de concertación de precios fracasó este año. Los gremios reclamaban un valor de $3.200 por kilo, lo que representaba un aumento del 40%, mientras que las empresas ofrecieron $2.600, apenas un 25% más que el ciclo anterior. Al no llegar a un acuerdo, las organizaciones no firmaron el acta, pero el gobierno provincial autorizó igual el inicio del acopio.

Con la autorización en mano, las empresas comenzaron a comprar tabaco sin precio oficial. La necesidad económica empujó a miles de productores a vender, aún sin saber cuánto iban a cobrar ni cuándo. “Sabemos de la necesidad del productor, pero las empresas se aprovecharon de esa situación. No nos convocaron más para hablar del precio”, denunció Batirola. La situación, agravada por la crisis general del sector rural, derivó en que algunas empresas directamente no abonaron lo entregado, incluso 70 días después del inicio del acopio.
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“Más de 10 millones de kilos no se pagaron todavía. Hay empresas chicas que compraron y no pusieron ni un peso. Compran, venden y después pagan. Trabajan con la plata del productor”, explicó el dirigente. Esta práctica, habitual en contextos sin reglas claras, deja a los trabajadores rurales en una posición extremadamente vulnerable. Mientras las empresas ya procesaron e incluso comercializaron parte de la materia prima, los productores siguen esperando el pago por su trabajo.
Desde ACTIM insisten en que la provincia debe asumir su responsabilidad. “El que autorizó el acopio fue el gobierno. Bajo ningún punto de vista lo hicimos nosotros. Si autorizaron el acopio, que ahora se hagan cargo de ese tabaco que no se pagó”, sentenció Batirola. En las últimas semanas se realizaron tres reuniones con funcionarios, pero según el gremio, no hubo respuestas concretas. “Dicen que ahora el sistema es libre mercado y que cada empresa decide. Pero si hay un gobierno en la provincia, es para defender al que trabaja, no a las empresas que se aprovechan”, concluyó.
La campaña tabacalera 2025 quedará marcada no solo por la recuperación del volumen acopiado, gracias al clima favorable y el combate al contrabando, sino también por una fuerte fractura en el sistema de comercialización. Lo que para el Estado es un récord para mostrar, para el productor es una angustia que se arrastra en cada kilo que entregó sin cobrar y sin saber cuándo recuperará lo suyo.
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La falta de un precio previamente acordado entre las partes implica que los productores se encuentran en una posición de desventaja, ya que las empresas tienen más información y poder de negociación en cuanto a los precios de compra del tabaco. Esto crea una situación de asimetría de información, donde los productores no pueden tomar decisiones informadas sobre cuánto vender y en qué condiciones. Además, al no haber un acuerdo claro, el mercado entra en una fase de incertidumbre, lo que interrumpe el mecanismo de equilibrio entre la oferta y la demanda. Normalmente, en mercados competitivos, el precio se ajusta para reflejar las condiciones de la oferta (cantidad de tabaco disponible) y la demanda (la necesidad de las empresas). Sin embargo, la falta de reglas claras distorsiona este equilibrio, afectando negativamente tanto a los productores, que no saben cuándo o cuánto recibirán por su trabajo, como a las empresas, que enfrentan un mercado menos predecible y más riesgoso.
Este tipo de inestabilidad puede generar efectos negativos en el largo plazo, como la desconfianza en el mercado y la pérdida de incentivos para aumentar la producción, lo que afecta tanto a la productividad como a la sostenibilidad del sector tabacalero.
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