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La organización no gubernamental “Foro Penal” de Venezuela informó que 444 personas consideradas presos políticos han sido liberadas entre el 8 de enero y la noche del 15 de febrero, en el marco de un proceso de excarcelaciones iniciado por el Gobierno interino. La cifra fue detallada por el presidente de la ONG, Alfredo Romero, y representa una parte de lo que muchos sectores reclaman como la liberación total de quienes fueron detenidos por razones políticas en los últimos años.
A pesar de este avance, el escenario político y social en Venezuela continúa marcado por focos de conflicto y controversia en torno a las condiciones de esas liberaciones.
Controversia por arrestos domiciliarios
Foro Penal hizo una salvedad importante: no considera como excarcelaciones plenas los casos en los que las personas salen de prisión pero permanecen bajo arresto domiciliario, una figura que mantiene privadas de libertad a figuras como el dirigente Juan Pablo Guanipa y el asesor jurídico Perkins Rocha, quienes salieron de centros penitenciarios pero siguen confinados en sus residencias. Guanipa incluso tuvo un breve reingreso carcelario acusado por la Fiscalía, antes de ser trasladado de nuevo a su domicilio en Maracaibo.
Familiares en huelga de hambre
La tensión social se intensifica fuera de las cárceles. Desde el último sábado, una decena de mujeres familiares de presos políticos mantiene una huelga de hambre frente a un comando policial en Caracas, en demanda de respuestas y mayor celeridad en las liberaciones. Las extremas medidas de protesta ya derivaron en descompensaciones y problemas de salud entre las manifestantes, que requirieron asistencia médica en el lugar.
Retraso en la ley de amnistía
El proceso de excarcelaciones se desarrolla mientras se debate un proyecto de ley de amnistía en el Parlamento venezolano, que en teoría permitiría la liberación de la totalidad de los detenidos por motivos políticos. No obstante, el órgano legislativo, de mayoría chavista, aplazó la votación final de la normativa para la próxima semana, debido a discrepancias sobre un artículo que exige a los procesados seguir compareciendo ante la Justicia incluso tras la amnistía.
Este atraso legislativo ha generado frustración entre familiares y activistas, que ven en la ley un paso clave para consolidar las liberaciones.
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Reestructuración estatal y crisis política
En paralelo, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, continúa avanzando con una restructuración del Estado venezolano. En los últimos días, oficializó la eliminación de siete entidades y programas ligados al chavismo, entre ellos el ominoso Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), un organismo de inteligencia repetidamente denunciado por restringir el acceso a la información pública.
Las excarcelaciones se producen en un momento de profundas transformaciones políticas en Venezuela, en medio de tensiones internas, protestas sociales y un complejo proceso de transición. Aunque la cifra de liberados representa un avance, muchas familias y organizaciones de derechos humanos insisten en que aún quedan cientos de personas privadas de libertad por razones políticas, y reclaman medidas más claras y rápidas para garantizar libertades plenas.
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