//
Uruguay registró este viernes la primera muerte por eutanasia desde la entrada en vigencia de la ley que regula el procedimiento en el país. La paciente, una mujer de 69 años con cáncer terminal, había solicitado acceder a la práctica contemplada en la normativa aprobada por el Parlamento uruguayo el año pasado. El caso ocurrió apenas un mes después de que comenzaran a regir el protocolo sanitario y la reglamentación oficial.
La información fue confirmada por una fuente del Colegio Médico de Uruguay y rápidamente generó repercusión en medios locales e internacionales. Con esta aplicación, Uruguay se consolida como uno de los pocos países del mundo que legalizaron la muerte asistida, junto a naciones como España y Países Bajos.
El procedimiento fue solicitado por la paciente en el marco de una enfermedad incurable y avanzada que le provocaba sufrimientos considerados insoportables. Según establece la legislación uruguaya, pueden acceder a la eutanasia personas mayores de edad, residentes o ciudadanas del país, que se encuentren en etapa terminal y mantengan plena capacidad psíquica para decidir.
Federico Preve, diputado del oficialismo y uno de los impulsores de la ley, calificó la jornada como “un día simbólico muy importante para el país”. Además, sostuvo que la mujer “pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, remarcando el enfoque del derecho individual y la autonomía personal que impulsa la normativa.
El protocolo vigente indica que el pedido debe realizarse ante un médico, quien dispone de hasta tres días para analizar el caso. Luego interviene un segundo profesional para verificar que se cumplan todos los requisitos legales y sanitarios. Si ambos avalan el procedimiento, se suministran los medicamentos establecidos para concretar la muerte asistida. La normativa también contempla que el paciente pueda desistir de su decisión en cualquier momento.
Desde la organización civil Empatía, dedicada a promover el acceso a la eutanasia y los cuidados paliativos, señalaron que continuarán monitoreando la correcta implementación de la ley para evitar demoras o trabas administrativas. Florencia Salgueiro, integrante de la entidad, afirmó que este primer caso demuestra que “la ley finalmente se convierte en una herramienta para garantizar una muerte digna”.
La aprobación y aplicación de la eutanasia en Uruguay también despertó fuertes críticas por parte de la Iglesia Católica, que volvió a manifestar su rechazo a la normativa y cuestionó el rol del Estado en este tipo de prácticas médicas.
