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Las universidades nacionales, junto a gremios docentes y estudiantes, convocaron a una marcha federal el próximo 12 de mayo en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y sindicatos docentes, surge ante la demora del Gobierno de Javier Milei en implementar la norma sancionada por el Congreso, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y deterioro salarial. La movilización será la cuarta desde el inicio de la actual gestión y tendrá réplicas en distintas provincias.
El reclamo central apunta a la urgente ejecución de la ley, que contempla mejoras salariales, actualización de becas y refuerzo de fondos para investigación. Desde el sistema universitario advierten que la situación es crítica: las transferencias nacionales cayeron un 45,6% desde 2023 y los salarios docentes perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo.
Desde el oficialismo, en tanto, se sostiene una postura contraria. El Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la norma, al considerar que no define con claridad las fuentes de financiamiento y que su implementación podría afectar el equilibrio fiscal. Según informes oficiales, poner en marcha la ley implicaría redirigir más del 90% del presupuesto disponible para gastos primarios, lo que pondría en tensión otras áreas del Estado.
Sin embargo, desde el ámbito universitario rechazan estos argumentos. Señalan que el costo de la ley representa apenas el 0,23% del PBI, por lo que consideran que su impacto fiscal es marginal frente a la importancia del sistema educativo. Además, remarcan que el 93% del presupuesto universitario se destina a salarios, lo que evidencia la centralidad del conflicto docente.
Referentes estudiantiles y gremiales coinciden en que el sistema atraviesa un escenario de “asfixia presupuestaria” y advierten sobre las consecuencias a mediano plazo si no se revierte la situación. En ese marco, insisten en que la norma ya cuenta con respaldo legislativo y judicial, por lo que reclaman su cumplimiento efectivo.
De cara a la jornada del 12 de mayo, el mensaje de la comunidad universitaria apunta a defender la educación pública, el acceso igualitario y el desarrollo científico. La convocatoria se perfila como una nueva demostración de fuerza en las calles y un punto de tensión clave entre el Gobierno nacional y uno de los sectores más amplios del sistema educativo argentino.
